El Ministerio reconoce que Villa Calamari en Cartagena está mal pero no que haya sido expoliada

Incendios, degradación y hasta gente entrando por el hueco de una valla a hacerse fotos en algunos de los rincones del Palacete de Versalles español, ubicado en San Félix. Una edificación modernista obra de Víctor Beltrí.

«Villa Calamari está fatal porque resulta que en el último pleno el concejal de patrimonio, Pablo Braquehais, me facilitó el archivo del expediente por parte del Ministerio de Cultura, que resulta inconcebible porque en ese documento lo único que hace es un resumen de todas las denuncias que hemos puesto los colectivos», explicó la concejala María Dolores Ruiz, que destaca por sus mociones sobre el patrimonio local.

«Hemos denunciado incendios y más hechos; dicen que la Dirección General está haciendo cosas y ha multado a los propietarios; de hecho, tengo que declarar en el Tribunal Superior de Justicia este mes porque me han citado como testigo ya que la empresa se ha opuesto a pagar la sanción que le puso el Consejo de Gobierno. Pero eso fue lo mismo que pasó con las ermitas del Monte Miral», apuntó Ruiz. En ese caso, «la Comunidad Autónoma multó a los propietarios, estos fueron a juicio y en este caso las ermitas perdieron el juicio. Ahora, con Villa Calamari está por ver», señala la edil.

Ruiz dice que Cultura ha archivado el expediente, «sin tener razones para hacerlo porque está claro que Villa Calamari está expoliado y encima no nos lo han comunicado a nosotros, que éramos interesados en el expediente». Ruiz se refiere a la denuncia que DAPHNE (Asociación para la defensa del patrimonio de la comarca de Cartagena), presentó por «posible expolio, por acción u omisión». El documento fue remitido al Ayuntamiento. A pesar de la resolución anuncia que «continuaremos».

Ruiz detalla que «la moción que presenté, me la desestimaron porque Cultura había archivado el expediente, pero mi texto no era relativo al expolio si no en referencia al incumplimiento en la Ley del Suelo, que hace referencia al ornato público en el artículo 110».

El artículo refiere que «los propietarios de toda clase de terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompatibles con la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y del paisaje y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana, conforme a lo establecido en la legislación básica estatal» y que «el coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior se sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos establecidos en la normativa aplicable».

«En Villa Calamari está todo eso lleno de escombros, las ratas se cuelan a la residencia de ancianos que está al lado del parque; el muro está caído en un montón de sitios; hay butrones e incendios, esto incumple el ornato público y pedí que actuara el Ayuntamiento», denuncia. Pero «el Ayuntamiento me la desestimó basándose en que el caso fue archivado, pero una cosa es el expolio y otra el ornato público».

Por lo que lo van a reclamar por la vía administrativa al consistorio que actúe según esta norma y que «hagan un razonamiento jurídico» sobre las actuaciones.

Informe del Ministerio

En el documento del Ministerio de Cultura se reconoce que «desde 2017, existe dejación de los deberes y las obligaciones de la empresa titular del inmueble, respecto de Villa Calamari, sobre el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley 4/2007, en cuanto a las medidas de conservación, custodia y protección que garanticen su integridad, evitando su destrucción o deterioro, permitiendo la conservación de sus valores, su mantenimiento y el acceso público al Bien, así como la Ley 16/1985 de Protección del Patrimonio Histórico Español, en lo regulado en el incumplimiento del Plan de intervención periódico autorizado, que contempla el mantenimiento del inmueble principal, la limpieza general de edificaciones y de la parcela, y continuas medidas de seguridad y vigilancia, revisión de accesos, puertas, vallado exterior, etc.,

Esa dejadez «ha dado como resultado que el BIC se encuentra en riesgo de perder su integridad y los valores que motivaron su protección, tanto el inmueble, como los jardines y su cierre perimetral, y no se ha justificado su ejecución desde 2017, situación que impide su visita pública y hace que quede expuesto a saqueos, vandalismo e intrusiones, sin la vigilancia y el control necesarios».

Si bien, añade, «los hechos constatados son conformes a la infracción tipificada en la Ley 4/2007, como infracción muy grave, estimándose para la sanción la cuantía de 200.002 euros», impuestos por la Comunidad, y da por archivado el expediente.