Urbanismo

Los vecinos de la Algameca frenan el derribo de las cuatro viviendas

Tras dialogar con los servicios municipales, consiguen que les den 15 días, aunque es «poco tiempo», para buscar un alquiler social a los afectados

El grupo de vecinos que paralizaron el derribo de las cuatro viviendas ayer en la zona donde se encuentran las casas.

El grupo de vecinos que paralizaron el derribo de las cuatro viviendas ayer en la zona donde se encuentran las casas. / L.O.

Unos cuarenta vecinos de la Algameca Chica impidieron ayer el derribo de cuatro casas de la zona. «A las ocho de la mañana se han presentado Guardia Civil, Servicios Sociales, gente del Ayuntamiento, las palas y una empresa porque una de las viviendas tiene chapas de amianto» para proceder a la demolición, explicó Rocío Pedreño, la hermana de uno de los afectados.

Como adelantó La Opinión, los vecinos temían que tiraran las casas este lunes por lo que se concentraron para impedirlo y «dialogando, al final hemos conseguido que les dan 15 días para buscar un alquiler social».

Sin embargo, este plazo es «poco tiempo» porque no es fácil encontrar una vivienda en dos semanas, porque además «con la pensión que tienen no tienen para pagar, una persona que gana 400 euros no encuentro una casa de alquiler».

Para intentar frenar la demolición los vecinos han hecho barricadas con contenedores y neumáticos.

La concejalía de Urbanismo ha adjudicado un contrato menor a Francisco Juan Redondo Martínez para la ejecución subsidiaria para la demolición, limpieza y desescombro de construcciones con desalojo de ocupantes en cantera en Algameca Chica.

Los vecinos de El Portús denuncian una agresión

Los vecinos del camping de El Portús denuncian que ayer agredieron a un matrimonio que intentó entrar a su vivienda. «Le cortó la mano a Graham. Mientras intentaban entrar, un guardia de seguridad agarró a la mujer y, cuando su marido agarró la valla, el guardia de seguridad tiró de la valla y le cortó la mano a Graham», explicaron. La juez no adoptó ninguna medida cautelar el sábado en el juzgado de guardia por lo que «no nos han dado autorización aún para entrar ni para recoger nuestras medicinas crónicas, hemos tenido que ir a la farmacia para pedir que nos adelantasen tratamiento, ni tampoco para recoger nuestros 2 gatos y alimentarlos y estamos con la misma ropa desde el jueves».

El contrato, que fue formalizado el pasado viernes 10 de enero, tiene un importe de 28.329,73 euros con impuestos incluidos.

Esta situación se desencadenó hace más de una década cuando los servicios jurídicos municipales solicitaron un informe a Intervención Urbanística sobre las viviendas. Dicho análisis reflejó que se trataba de «chabolas o barracas adosadas a la falda de una zona montañosa» que «no cumplen las medidas mínimas de seguridad, habitabilidad, higiene, etc.», a lo que sumó «su peligrosa ubicación» por «el grave riesgo de desprendimientos de roca».

Basándose en ese documento, el Ayuntamiento requirió por decreto al Ministerio de Defensa, dueño de los terrenos, el desalojo inmediato de los ocupantes de las construcciones y la demolición, limpieza y desescombro de las construcciones, proceso que estuvo parado hasta 2021 cuando se retomó el asunto ordenando una ejecución subsidiaria, y en 2023 una nueva inspección policial detectó nuevas construcciones. Entonces el Ayuntamiento recurrió a los tribunales para realizar este derribo de forma subsidiaria y el juez lo autorizó para «proteger la seguridad de las personas, ya que las construcciones están ubicadas a la falda de una pequeña zona montañosa con riesgo de desprendimiento de rocas, y además en una zona de rambla».

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