Contaminación

Los vecinos de Torreciega piden al juez que obligue al sellado de Zinsa

La empresa ha desoído las cautelares impuestas por los tribunales el pasado mes de agosto

Los terrenos de Zinsa en una imagen de archivo

Los terrenos de Zinsa en una imagen de archivo / Ayuntamiento de Cartagena

Jose Antonio Sánchez

Jose Antonio Sánchez

«Que se proceda al sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos». Es la medida cautelar que el Juzgado impuso el pasado mes de agosto a Española del Zinc S.A. (Zinsa), por los daños medioambientales que se derivan de las balsas repletas de contaminantes que esta mercantil tiene en Cartagena

Más de mes y medio después nadie ha hecho nada y la Asociación de Vecinos de Torreciega ha dado un paso más en el proceso al exigir al juzgado que obligue a Zinsa a ejecutar la disposición. El escrito, presentado por el abogado José Manuel Muñoz, que también representa a Ecologistas en Acción, se presentó el pasado 16 de octubre por la persistencia al daño medioambiental que está provocando que no se haya puesto en marcha la cautelar. 

El documento, presentado ante el Juzgado número 5 de Instrucción de Cartagena, habla del aumento de lixiviados (las sustancias líquidas contaminadas de los vertederos), la erosión y dispersión de los residuos por las escorrentías y la contaminación de la Rambla del Hondón que está llegando a la dársena interior del Puerto de Cartagena. 

Casi 23.000 kilos de tóxicos

Cifran en 18.458 kilos de zinc, 4.206 kilos de cadmio y 30 kilos de cobre el total de contaminantes que han circulado por la Rambla del Hondón tras los episodios de lluvias de septiembre y octubre. Una «aberración» que no tiene cabida ante la clara resolución que obliga al sellado inmediato. 

Son siete las medidas que el letrado propone a los tribunales para mejorar la situación de la zona, el medio ambiente y los vecinos. La primera y más clara, la ejecución inmediata de las cautelares impuestas y, si la empresa no las lleva a término, que lo haga de forma subsidiaria la Consejería de Medio Ambiente, con el mismo apercibimiento de desobediencia en el caso de no ejecución. 

«La administración es garante de la protección del medio ambiente. Si no lo hace la empresa, que lo ejecute Medio Ambiente y reclame lo que tenga que reclamar. Lo que no puede permitirse es que la situación perdure», relata Muñoz, el abogado de la Asociación de Vecinos de Torreciega. Otra de las medidas es que se prohíba el acceso rodado o que se habilite al Seprona a un control periódico del recinto. 

«Ahora tienen que avisar a la empresa. En ese tiempo se puede eliminar un cadáver. Sí, hemos visto a pájaros en la charca y la muerte de esas aves está asegurada. Incluso había un ave que parecía borracha», concluye el abogado.

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