El juez autoriza el derribo de cuatro casas en la Algameca Chica

«No tenemos otro sitio donde vivir». Es lo que afirman moradores de cuatro viviendas de la Algameca Chica que han recibido una notificación que les obliga a abandonar sus casas en cumplimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que permite al Ayuntamiento de Cartagena demoler cuatro construcciones del poblado.

La situación se remonta a 2011, cuando los servicios jurídicos del Consistorio solicitaron un informe a Intervención Urbanística sobre las viviendas. Dicho análisis reflejó que se trataba de «chabolas o barracas adosadas a la falda de una zona montañosa».

Añadió que al provenir de autoconstrucción, «no cumplen las medidas mínimas de seguridad, habitabilidad, higiene, etc.», a lo que sumó «su peligrosa ubicación» por «el grave riesgo de desprendimientos de roca». Matizó además que las construcciones carecían de licencia de obra.

En base a ese informe, el Ayuntamiento requirió por Decreto al Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, el desalojo inmediato de los ocupantes de las construcciones, en un plazo de 48 horas; y la demolición, limpieza y desescombro de las construcciones.

Tras diez años de inacción, en 2021 se retomó el asunto ordenando una ejecución subsidiaria y en 2023, una nueva inspección policial observó nuevas construcciones en la zona. Por ello, el Ayuntamiento recurrió a los juzgados para poder llevar a cabo el derribo de forma subsidiaria y ha obtenido el permiso, argumentándolo el juez en «proteger la seguridad de las personas, ya que las construcciones están ubicadas a la falda de una pequeña zona montañosa con riesgo de desprendimiento de rocas, y además en una zona de rambla».

No obstante, los moradores reclaman que se les deje seguir residiendo allí, ya que no disponen de otra vivienda y, en algunos casos, se trata de personas con discapacidad y apenas ingresos para poder costearse otro alojamiento.

De hecho, reconocen que desde Servicios Sociales les han ofrecido el pago de tres meses de alquiler, aunque afirman que «tras esos tres meses quedaríamos en la calle porque con lo que ganamos no da para mantener un alquiler en ningún sitio». Y es que, en algunos casos, los ingresos mensuales apenas llegan a los 500 euros.

Pacto con Defensa

Sobre la seguridad de la zona, los moradores argumentan que cuentan con un escrito del Ministerio de Defensa firmado en el que ellos mismos se responsabilizan de cuanto les pueda pasar y renuncian a cualquier reclamación, por lo que reprochan al Ayuntamiento que haya decidido demoler las viviendas. Según ha podido saber La Opinión, el Gobierno local ya ha contactado con la empresa de demolición para que lleve a cabo los trabajos, por lo que pueden comenzar de forma inminente.