Pleno
El Ayuntamiento de Cartagena destinará 3,3 millones de remanente de tesorería a pagar la luz
La propuesta fue aprobada en el Pleno celebrado este jueves, en el que también se dio luz verde a la finalización del expediente para el cambio de nombre calle Millán Astray por el de calle Alegría, en Santa Ana

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cartagena celebrado este jueves. / Felipe García Pagán
La subida del precio de la luz ha sido un dolor de cabeza para miles de hogares, pero también para la propia administración. El Ayuntamiento de Cartagena se ha visto obligado a utilizar más de 3,3 millones millones de euros del remanente positivo de Tesorería del ejercicio del pasado año 2022, para atender a la atención del aumento del gasto de las facturas eléctricas municipales, derivado de la subida de las tarifas.
La decisión fue suscrita en el Pleno ordinario celebrado este jueves, incluido en el orden del día tras haber pasado por Comisión de Hacienda. Salió adelante con los votos a favor de los ediles del gobierno, y la abstención de MC Cartagena, Vox y Unidas Podemos IU-Verdes Equo.
En esta línea, y con respecto a la modificación presupuestaria para aplicar los ingresos extraordinarios obtenidos del cobro de intereses de demora, por importe de más de 1,9 millones de euros, a gastos que no se pueden aplazar hasta el ejercicio siguiente, también se aprobó, en este caso con los votos a favor de los ediles del PP y Ciudadanos, y la abstención de los concejales no adscritos del Gobierno, MC Cartagena, Vox y Unidas Podemos IU-Verdes Equo. Los gastos a los que se destinarán estos ingresos extraordinarios son los relativos al pago del incremento del suministro de gas, tributos estatales, Intereses de demora y energía eléctrica, entre otras.
Carpetazo al expediente de la calle Millán Astray
Por otro lado, también se dio luz verde a la finalización del expediente para el cambio de nombre calle Millán Astray por el de calle Alegría, en Santa Ana, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, después de seis años desde que se iniciara y se retirara la placa.
La iniciativa obtuvo los votos a favor de Unidas Podemos IU-Verdes Equo y los concejales no adscritos, en contra de Vox y la abstención de los ediles del PP.
El dictamen supone la retirada del nombre de Millán Astray "por su implicación en la sublevación militar de 1936", según el dictamen de la Comisión Técnica Municipal de la Memoria Histórica, resolviendo las alegaciones presentadas por parte de la Plataforma Patriótica Millán Astray y la Asociación de la Memoria Histórica.
La portavoz del Partido Popular, Esperanza Nieto, explicó que su grupo se abstuvo en la resolución definitiva, "que se ha tramitado de forma correcta", debido a que consideran que "va a tener repercusiones que no comparten". El portavoz de Vox, Gonzalo Abad, contrario a la propuesta, explicó durante su intervención que las pruebas que se han expuesto, si bien "son cuantiosas", "carecen de peso". A su juicio la placa "no conmemora la sublevación ni la dictadura, solo recuerda al fundador de la legión española". "La Ley de Memoria Histórica se usa para arremeter contra figuras históricas", sentenció.
La concejala de Unidas Podemos IU-Verdes Equo, Aroha Nicolás, afirmó estar "muy contenta de que este expediente haya llegado a su fin", con que "se cumple con la garantía democrática". "Nuestra obligación como cargos públicos es la de limpiar los vestigios franquistas de esta ciudad, que tanto daño han hecho. Los vecinos no quieren que la calle se llame Millán Astray. Para algunos un héroe, para nosotras un fascista", subrayó en su intervención.
Por último, el edil no adscrito del Gobierno, David Martínez, aseguró que "el expediente está justificado y bien realizado", pues "ha contado con el trabajo de los expertos de memoria histórica, que han elaborado un informe completo y exhaustivo".
Recuperación de la Cárcel de San Antón
La Cárcel de San Antón también salió a colación durante el Pleno a través de una moción presentada por Leli García, de Unidas Podemos. La edil solicitaba al Gobierno que se reúna "de forma urgente y extraordinaria" con los vecinos de la Plataforma La Cárcel No Se Vende, para que "comunique las medidas o acciones pertinentes que pueden ejecutar desde este Ayuntamiento (incluida la compra del inmueble a su propietario actual) para conseguir el objetivo de recuperación del edificio para la ciudadanía cartagenera". La iniciativa resultó aprobada con los votos a favor de los ediles del gobierno, MC Cartagena y Unidas Podemos IU-Verdes Equo, y en contra del portavoz de Vox, Gonzalo Abad.
Durante el debate de la moción la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, tildó la iniciativa de "oportunista y electoralista". Aseguró que el Gobierno ya está en "contacto permanente" con los vecinos y recordó que fue ella, durante su etapa de alcaldesa, la que frenó el derribo de parte de la cárcel en 2019, hecho por el que la imputaron.
Leli García criticó la intervención de Castejón, "en la que solo habló de lo buena que ha sido su gestión". Asimismo, aseguró que su grupo llevará mociones al pleno "hasta el último día (en este caso el que se celebrará el próximo 11 de mayo), en nombre de la ciudanía".
Por su parte, el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez, incidió que fueron su formación y Podemos las que consiguieron la protección del penal, "tal y como refleja la sentencia del TSJ que descarta la protección del pabellón". El portavoz de Vox, Gonzalo Abad, Abad aseguró que su grupo "entiende la petición de los vecinos de darle un uso social a la cárcel y no privado", pero considera que "la ampliación de un hospital no es un mal uso". También recordó que "el Ayuntamiento tuvo dos ocasiones para comprar el edificio y no lo hizo: la primera quedó desierta y en la segunda hubo un único licitador, que fue el hospital Perpetuo Socorro.
Servicios de los Centros de Día para mayores los domingos
También se aprobó por unanimidad la iniciativa llevada al pleno por la concejal de Unidas Podemos IU-Verdes Equo, Aroha Nicolás, instando al IMAS a solucionar la situación que atraviesan los centros de día del municipio que prestan servicios a mayores y que, desde el mes de abril en que quebró la empresa de seguridad que se encarga de la vigilancia, cierran los domingos dejando a cientos de mayores sin poder realizar sus actividades.
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