MC crítica el "silencio" de Arroyo sobre "el millón de euros que cuestan los tránsfugas que la hicieron alcaldesa"

El pasado miércoles Movimiento Ciudadano informaba de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que acogía el recurso que el portavoz de la formación, José López, había interpuesto contra el auto del pasado año que echaba atrás su petición de anular la constitución del actual Gobierno local. La resolución obliga ahora al Juzgado Contencioso de Cartagena a pronunciarse sobre la legalidad de los Decretos en que la alcaldesa, Noelia Arroyo, delega competencias y fija salarios a los miembros no adscritos, que son la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, y los concejales expulsados del PSOE.

Ante una resolución "de tanta relevancia", el portavoz adjunto del Grupo municipal MC Cartagena, Jesús Giménez, ha llamado la atención sobre el hecho de que "Noelia Arroto guarda silencio". El edil de MC ha desglosado las cantidades totales en concepto de salarios que recibirán "los tránsfugas" en virtud de los decretos dictados por Arroyo al acceder a la Alcaldía: "Pagaremos 712.000 euros en sueldos de concejales para que ella `okupe´ el sillón", ha dicho, señalando que "a esta cantidad hay que añadir los asesores de Castejón que están contratados por la alcaldesa tránsfuga y con cuyas retribuciones se supera el millón de euros".

Giménez ha afirmado que estamos ante "la peor de las corrupciones, la que altera mayorías democráticas y premia con dinero público a los traidores". A esto ha añadido el edil cartagenerista que "hasta el PP, el más corrupto de los partidos, en sus estatutos contempla la prohibición de formar gobiernos con tránsfugas", lamentando que "eso no ha limitado la ambición de Arroyo".

Finalmente desde MC apremian a Arroyo a manifestarse sobre "un asunto tan escabroso" una vez que "han pasado sus estaciones de penitencia y no le quedan tronos en los que fotografiarse", ha dicho Giménez Gallo, quien ha recordado a "la locuaz regidora" que la resolución judicial "muestra su sorpresa por la negativa del Ayuntamiento a que se enjuicie".