Nuevo espaldarazo judicial al Ayuntamiento de Cartagena frente a Hansa Urbana

Nuevo espaldarazo judicial al Ayuntamiento de Cartagena frente al proyecto de Novo Carthago y la empresa promotora, Hansa Urbana. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Cartagena ha dictado la suspensión de la tramitación del recurso interpuesto por Hansa Urbana contra el Consistorio por el principio de prejudicialidad penal; es decir: queda a la espera de que el juez se pronuncie sobre el procedimiento penal del caso Novo Carthago, que investiga las presuntas irregularidades que rodearon la recalificación de terrenos para el proyecto urbanístico en el entorno del Mar Menor.

La lucha contra Hansa Urbana ha sido uno de los caballos de batalla de la actual vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, desde hace años, antes incluso de que fuese investida regidora en 2017. Durante todo este tiempo Castejón ha intentado, a través de distintas vías administrativas y judiciales, paralizar el proyecto urbanístico debido a las dudas legales que tenía sobre el mismo. «El desarrollo urbanístico de Novo Carthago es incompatible con la preservación del Mar Menor», dijo allá por el año 2016.

Ahora, la magistrada da la razón y ratifica la decisión que tomó en mayo de 2018, cuando gobernaba en solitario tras la expulsión del Gobierno de José López y de los concejales de Movimiento Ciudadano de Cartagena: tras romperse el pacto de Gobierno, Castejón asumió las competencias de Urbanismo, que estaban hasta entonces en poder de López. El Ayuntamiento decidía así suspender de forma unilateral el procedimiento de reparcelación de Novo Carthago, hecho que la empresa recurrió exigiendo al Consistorio la resolución del convenio y que se le devolviesen los avales.

Fuentes del Ayuntamiento confirman a esta Redacción que, como el procedimiento de modificación del Plan General está judicializado por la vía penal a través del caso Novo Carthago, prevalece la «prejudicialidad penal, que establece que mientras haya un juicio penal en marcha no se debe continuar con un procedimiento administrativo de planeamiento».

Hay que recordar que en el caso de Novo Carthago están siendo investigados por la vía penal altos cargos políticos de la Comunidad, así como Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana -promotora del complejo turístico- por presuntamente haber recalificado de manera irregular terrenos de la franja de la laguna salada para construir un gran complejo residencial con unas 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf.

Según el fiscal, el exconsejero Antonio Cerdá -uno de los investigados, «a instancias del Ayuntamiento de Cartagena», ordenó a sus subordinados «manipular» el Plan de Ordenación de Recursos Naturales para construir donde estaba prohibido.

El Juzgado fundamenta así la decisión de suspensión por prejudicialidad penal porque en la resolución del recurso contencioso «pende de una decisión que se va a enjuiciar ante la jurisdicción penal», y añade que «para analizar la resolución del convenio se debe partir de la previa validez del mismo», y de dictarse en su caso sentencia condenatoria en sede penal la misma podría conllevar «la nulidad de todo el desarrollo urbanístico del sector, los actos y convenios que resultan de su aplicación».