Limpieza y recogida de basuras

El Ayuntamiento de Cartagena cuantificará lo que ha cobrado Lhicarsa de más desde 2005

El Gobierno quiere reclamar esa cantidad millonaria a la empresa y descontársela para abaratar un posible rescate del contrato

Todos los miembros de la Corporación votan a favor de la iniciativa durante el Pleno extraordinario celebrado este miércoles.

Todos los miembros de la Corporación votan a favor de la iniciativa durante el Pleno extraordinario celebrado este miércoles. / Felipe García Pagán

El Ayuntamiento de Cartagena va a cuantificar la cantidad de dinero que la empresa de limpieza viaria y recogida de residuos, FCC-Lhicarsa, ha cobrado “indebidamente” desde la primera prórroga del contrato, en 2005. Lo hará en virtud del informe de fiscalización de la gestión indirecta elaborado por el Tribunal de Cuentas, que advirtió de este sobrecoste, tal y como se aprobó en el Pleno extraordinario celebrado este miércoles, a petición de MC y con el respaldo de Unidas Podemos y Vox. El objetivo del Consistorio es el de, una vez cuantificada la cantidad, reclamársela y descontársela para abaratar un posible rescate del contrato.

Concretamente, los técnicos municipales se encargarán de calcular el total que el Ayuntamiento ha abonado a la empresa mixta por asistencia técnica desde el inicio del contrato hasta la actualidad, un concepto que, según advierte el Tribunal de Cuentas, no viene recogido en el pliego y supone un sobrecoste anual de entre tres y seis millones de euros. Además, se cuantificarán las cantidades que el Consistorio no ha percibido de Lhicarsa por la venta de los determinados subproductos generados por la planta de tratamiento de residuos, así como los beneficios económicos derivados de la venta de electricidad de la planta de biogás o los beneficios de la sociedad, entre otros que se desprendan del informe y los estudios municipales y, en particular, las que resulten de la falta de los medios humanos y materiales que proceden conforme al contrato. Unas cantidades que, previsiblemente, serán millonarias.

Tanto el Gobierno como la oposición están de acuerdo en una cosa respecto al contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos: es necesario fiscalizarlo y mejorar el servicio. Definido por la propia vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, como “la historia de un fracaso”, que ni ella, ni José López durante su mandato, ni Arroyo ahora, no han logrado resolver. Y es que, según Castejón, no ha sido ni es posible porque “el contrato, firmado hace 30 años, hace casi imposible sancionarlos y castigarlos por no cumplir con su trabajo, debido a su su antigüedad y a las 10 modificaciones que sufrió desde 1996 hasta 2013”.

Otro punto que une a todos los grupos y que destacó la vicealcaldesa es que “la sociedad mixta que componen FCC y el Ayuntamiento no funciona”. Todos desean acabar con este modelo, sin embargo, no es posible, pues “su supresión y el finiquito del contrato supondría para las arcas municipales un coste inasumible que llevaría al Consistorio a la bancarrota”, subrayó Castejón.

Cruce de acusaciones entre el Gobierno y MC

Por parte de MC, su portavoz adjunto, Jesús, Giménez Gallo, calificó todo el asunto de un claro caso de “corrupción, auspiciada por el actual Gobierno”. Según refleja el Tribunal de Cuentas, el contrato de Lhicarsa ha sido objeto de dos prórrogas de 10 años que no estaban previstas en el pliego de condiciones y la duración de la segunda fue considerada excesiva en el informe preceptivo emitido al respecto por parte del Consejo Jurídico de la Región de Murcia”, aseguró Giménez Gallo. Asimismo, el edil de la formación cartagenerista recordó, una vez más, que “fue en 2017, con José López al frente de la alcaldía, cuando se comenzó a fiscalizar el contrato”.

Por parte del Gobierno, el edil del PP Diego Ortega aseguró que “no se trata de corrupción”, pues “en ese caso el Tribunal de Cuentas, en lugar de elevar el informe a las Cortes Generales lo habría trasladado a su sección de enjuiciamiento o a la Fiscalía General del Estado, cosa que no hizo”. En este sentido, el concejal hizo hincapié en que, en caso de que la hubiera, MC también se vería envuelto, pues el documento fiscaliza desde el año 1994 al 2019, periodo en el que gobernaron (2017-2018) y en el que no se enmarca el Gobierno de la actual alcaldesa, Noelia Arroyo.

Ortega defendió que “ha sido durante esta legislatura cuando más se ha controlado, fiscalizado y exigido a Lhicarsa, y no con MC”. Según criticó el edil, cuando José López asumió la alcaldía “no hizo nada respecto a las consideraciones que plantea el Tribunal de Cuentas”. 

“Durante esta legislatura hemos cobrado 450.000 euros a FCC al detectar entradas indebidas en el vertedero. Con MC se cobró cero. También abrimos un expediente que ha durado un año de instrucción para reclamarle a Lhicarsa más de un millón de euros por incumplimiento del contrato. MC abrió cero. Se ha exigido y realizado la separación de medios entre FCC y Lhicarsa; se han hecho mejoras en maquinaria; se ha reforzado el servicio de inspección; se han programado servicios de baldeo y se ha establecido el número de trabajadores que la empresa debe tener; y se han comprado contenedores y papeleras. MC compró cero”, expuso Ortega

Podemos pide una comisión de investigación

Unidas Podemos, a través de su portavoz, Leli García, exigió “verdad, justicia y reparación”. Para ello, se debe investigar a fondo, por lo que es necesaria una comisión en la que estén presente todos los grupos de la Corporación, así como miembros de la Favcac, empresarios, comerciantes, técnicos y asesoría jurídica y económica. En materia de justicia, explicó, “se debería elevar a la Fiscalía toda la documentación relativa a las presuntas irregularidades de la empresa, tanto económicas como medioambientales”. Y, por último, “se debe cuantificar la cantidad que se debe abonar por todos los conceptos al Ayuntamiento para reparar a la ciudadanía por la pésima gestión del servicio”.

Durante su intervención, la portavoz de la formación morada puso de relieve que “el contrato que se inició con un coste de 8 millones de euros en 1995 y terminó costando en 2012 casi 33,5 millones de euros”. “Actualmente vamos por un coste de 36 millones para el peor servicio público que recibe Cartagena”, denunció. 

El concepto de asistencia técnica, avalado por la Justicia, según Vox

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo Abad, respecto al concepto de asistencia técnica por el Lhicarsa percibe millones de euros al año, expuso que existe una sentencia del Tribunal Supremo del año 2003 que “aclaró el asunto”. Según explicó, “se trata de un recurso de tasación que promovió FCC frente a las demandas que hasta ese momento había ganado uno de los solicitadores”. De este modo, “la sentencia da la razón a FCC e indica que esos costes se incluyeron como costes indirectos, es decir, como parte del precio de ejecución material de los servicios, a los que se añadirían unos gastos generales (0% porque estaban incluidos anteriormente), un beneficio industrial que el licitador cifró en un 3% para la sociedad mixta y el IVA, que en aquel momento era del 6%”. “Puede que fuera una hábil maniobra, pero la Justicia les dio la razón”, sentenció Abad.