La construcción de los S-80 peligra en Cartagena por falta de trabajadores

Un conflicto laboral ha estallado en la sede que Navantia tiene en Cartagena, lo que ha puesto en peligro la construcción de los cuatro submarinos de la clase S-80 que se están produciendo en la factoría. Según denuncia el comité de empresa, «ha habido numerosos problemas de inaplicación del último convenio colectivo (cuya vigencia acabó en 2021) en materia de reclasificación profesional, vacantes, promociones y nuevas incorporaciones, así como una sobrecarga de trabajo en horas extra».

Problemas a los que suman, añaden, «la insuficiencia de nuevas contrataciones de personal» que hacen que, en opinión del comité, «haga falta la contratación de 250 personas más para poder acometer adecuadamente el programa de construcción, puesta a flote y entrega de los buques». En este sentido, el comité va a procurar la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los ministerios correspondientes ante la dirección para conseguir un refuerzo de la plantilla. El comité también denuncia que la empresa «no ha abonado aún el incremento salarial del 3,5% pactado para todas las empresas y administraciones públicas». Según aseguran, «a la plantilla todavía se le adeudan esas cantidades desde el 1 de enero de 2022».

Por todo ello, en la asamblea general convocada este miércoles por los sindicatos, la plantilla aprobó por unanimidad las medidas de no colaboración propuestas por el comité. De este modo, no realizarán prolongaciones de jornada ni trabajarán en sábados, domingos ni festivos «hasta que no se vaya solucionando toda esta problemática», advierten.

Además de la negociación del nuevo convenio colectivo, los sindicatos subrayan la necesidad de «acometer la negociación de un nuevo Plan Industrial (el anterior acabó su vigencia el 31 de diciembre del año pasado) que asegure el futuro de la compañía y en el que se debe acometer un nuevo rejuvenecimiento de plantilla y solucionar los problemas de empleo que se están dando en el presente».

La dirección de Navantia, consultada por La Opinión, no ha querido hacer declaraciones respecto a las denuncias de los trabajadores.

Falta de transparencia

Por otro lado, CCOO informa de una sentencia de la Audiencia Nacional en la que «la justicia le da la razón a los sindicatos demandantes frente a Navantia». Según afirma la entidad, «la empresa se negaba a proporcionar la información sobre la masa salarial a los representantes legales de los trabajadores y ello supone una flagrante vulneración de derechos fundamentales».

Por su parte, Navantia va a presentar un recurso contra la sentencia, pues considera que «en modo alguno se vulneró el derecho de información de los trabajadores», según han informado fuentes de la empresa a La Opinión. «Entre los años 2018 y 2021 todos los procesos salariales realizados al amparo del I Convenio Colectivo se ejecutaron conforme a criterios recogidos en el convenio y en el Plan Estratégico de Navantia, acordados con la representación legal de los trabajadores», matizan. Por otro lado, la empresa considera que la masa salarial de los años 2018-2021 no es determinante para la negociación del II Convenio colectivo. No obstante, como «muestra de buena fe negociadora, la empresa va a facilitar al Comité Intercentros la masa salarial de 2022», puntualizan las fuentes consultadas.