La oposición pide un pleno extraordinario para rendir cuentas con Lhicarsa

El Tribunal de Cuentas finalmente ha ratificado en sus conclusiones definitivas las «irregularidades» en el contrato del servicio de limpieza y recogida de basuras que FCC-Lhicarsa tiene con el Ayuntamiento de Cartagena, que puso de manifiesto en su informe provisional efectuado en septiembre del año pasado. En concreto, advierten de que la empresa percibe un sobrecoste de unos 7 millones de euros anuales de los 36 totales que ingresan, que se elevarán a 39 debido a la subida del IPC.

Es por ello que todos los grupos de la oposición (MC, Unidas Podemos y Vox) se han unido para solicitar un pleno extraordinario con el fin de cuantificar cuánto dinero «de más» ha percibido Lhicarsa desde la primera prórroga del contrato, en 2005, hasta ahora. Será a partir de ahí cuando decidirán tomar acciones legales contra la empresa, según puntualizó el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez Gallo. Para que la propuesta salga adelante, debe contar, al menos, con el apoyo de la cuarta parte de los miembros de la Corporación.

Conclusiones del informe

Uno de los puntos más reseñables que desgrana el informe es el de los 6 millones de euros anuales (3 millones según la oposición) que percibe la empresa por «gastos generales y de asistencia técnica». Un concepto que, según el Tribunal de Cuentas, «no está justificado y no aparece en el pliego». Es por ello que el Ayuntamiento planteará sus dudas al Consejo Jurídico de la Región sobre este gasto. Un hecho también criticado por MC ya que «uno de sus miembros es abogado de Lhicarsa», en palabras del portavoz de la formación, José López.

El órgano contable también ha puesto de manifiesto que FCC-Lhicarsa ha estado percibiendo ingresos que no debía por la venta de subproductos procedentes del vertedero, como metales, compost, madera, muebles, plásticos o pilas. En concreto, casi 200.000 euros entre el 2014 y el 2016, que ahora el Ayuntamiento va a reclamar.

«Critican por interés electoral»

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, acusó a la oposición de «moverse solo por interés electoral al hacer pasar como sentencias unos informes del Tribunal de Cuentas que son recomendaciones, y que el Ayuntamiento está estudiando a través de los técnicos municipales para aplicar al contrato de limpieza de Cartagena».

Ortega insistió en que la oposición «solo trata de acusar a este Gobierno, «el único que ha sancionado a la empresa en más de 30 años del contrato», incluyendo los dos años de López en el Gobierno.