La oposición solicita un Pleno para cuantificar el sobrecoste que supone Lhicarsa desde 2005

El Tribunal de Cuentas finalmente ha ratificado en sus conclusiones definitivas las “irregularidades” en el contrato del servicio de limpieza y recogida de basuras que FCC-Lhicarsa tiene con el Ayuntamiento de Cartagena que puso de manifiesto en su informe provisional efectuado en septiembre del año pasado. En concreto, advierten de que la empresa percibe un sobrecoste de unos 7 millones de euros anuales de los 36 totales que ingresan, que se elevarán a 39 debido a la subida del IPC. 

Es por ello que todos los grupos de la oposición (MC, Unidas Podemos y Vox) se han unido para solicitar un pleno extraordinario con el fin de cuantificar cuánto dinero “de más” ha percibido Lhicarsa desde la primera prórroga del contrato, en 2005, hasta ahora. Será a partir de ahí cuando decidirán tomar acciones legales contra la empresa, según puntualizó el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez Gallo. Para que la propuesta salga adelante, debe contar, al menos, con el apoyo de la cuarta parte de los miembros de la Corporación

Conclusiones del informe

Uno de los puntos más reseñables que desgrana el informe es el de los 6 millones de euros anuales (3 millones según la oposición) que percibe la empresa por “gastos generales y de asistencia técnica”. Un concepto que, según el Tribunal de Cuentas, “no está justificado y no aparece en el pliego”. Es por ello que el Ayuntamiento planteará sus dudas al Consejo Jurídico de la Región sobre este gasto.Un hecho también criticado por MC ya que, “uno de sus miembros es abogado de Lhicarsa”, en palabras del portavoz de la formación, José López.

El órgano contable también ha puesto de manifiesto que FCC-Lhicarsa ha estado percibiendo ingresos que no debía por la venta de subproductos procedentes del vertedero, como metales, compost, madera, muebles, plásticos o pilas. En concreto, casi 200.000 euros entre el 2014 y el 2016, que ahora el Ayuntamiento va a reclamar.

Por otro lado, el Gobierno también ha reclamado a la empresa ciertos ingresos de la venta del biogás producido en la planta de El Gorguel. Desde 2012 el 80% de los beneficios han ido a parar a las arcas municipales y el 20% restante a la sociedad mixta. Sin embargo, según apunta el Tribunal de Cuentas, el 100% debería recaer en el Ayuntamiento. En total, desde la fecha indicada, la empresa ha ingresado en torno a unos 200.000 euros a costa del Consistorio.

El primer contrato con Lhicarsa se formuló en 1994, por un valor de unos 8 millones de euros. Desde entonces “FCC ha conseguido 20 años más de contrato sin concurrencia ni publicidad, hasta llegar a obtener 39 millones, casi cinco veces más", destacó Giménez Gallo.

Denuncian la falta de un plan para el vertedero

La suciedad de las calles, según criticó Giménez Gallo, “va de la mano de la falta de un plan para el vertedero, que en 2026 quedará saturado y no está preparada la sustitución del vaso”. Tampoco se ha implementado, “a pesar de la obligación legal”, según añadió, el contenedor marrón para los biorresiduos. El Gobierno ha solicitado una ayuda europea de casi dos millones de euros para implementarlo, tal y como adelantó La Opinión, “entendemos que con la idea de concederle una nueva prórroga a Lhicarsa”, denunció el edil de MC.

Por otro lado, la nave de Lhicarsa está en marcha sin autorización de carreteras para su actividad, según aseguró Giménez Gallo, quien añadió que la zona “no cuenta con aparcamientos, hay un depósito de gasolina pegado a las viviendas y los camiones saltan directamente a una carretera general sin estar preparada la zona.

Podemos pide la remunicipalización del servicio

En esta línea, Unidas Podemos registró una moción en la que volvían a pedir una remunicipalización del servicio. "Pensamos que el Ayuntamiento no ha sabido gestionar y que su interés ha sido mantener a esta empresa a toda costa. Exigimos transparencia, que siempre se nos ha negado. Hemos solicitado en dos ocasiones, en los últimos meses, comisiones de investigación, pero no ha sido posible porque el Gobierno las ha rechazado. Parece que tienen algo que esconder", aseguró la portavoz de la formación morada, Leli García. 

El Gobierno acusa a la oposición de “entrar en campaña electoral”

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, acusó a la oposición de “moverse solo por interés electoral al hacer pasar como sentencias unos informes del Tribunal de Cuentas que son recomendaciones, y que el Ayuntamiento está estudiando a través de los técnicos municipales para aplicar al contrato de limpieza de Cartagena”.

Ortega insistió en que la oposición “solo trata de acusar a este Gobierno, “el único que ha sancionado a la empresa en más de 30 años del contrato”, incluyendo los dos años de López en el Gobierno. 

“Si López lo ve tan claro, ¿por qué subió el contrato cuando fue alcalde? ¿Por qué no revocó la ampliación del contrato? Pues la razón es que no está tan claro”, señaló Ortega, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los empleados de Lhicarsa “a los que la oposición está amenazando con rescisiones de contrato sin informes jurídicos que lo avalen”.