El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, celebrado este jueves, aprobó la nueva ordenanza que regulará las tarifas del agua, que permitirá que los hoteles paguen un 20% menos y los restaurantes y bares reduzcan su factura en un 10%. En este sentido solo se actualizarán tarifas a los grandes consumos de domésticos, de más de 80 metros cúbicos, y a la industria que vierta a la red de saneamiento residuos contaminantes, con lo que se quiere aplicar la máxima de que el que contamina paga, ya que generan más gastos de mantenimiento en las redes y sistemas de depuración. Además, se congelarán las tarifas domésticas para pensionistas y familias numerosas, ya que la actual es un 15% menor que la del año 2012.
A través de estas nuevas tarifas se habilitarán unos 10 millones de euros en inversiones para la mejora de infraestructuras del ciclo integral del agua, con el fin de hacer frente a futuras DANAS. Se priorizarán las inversiones en agua y alcantarillado más urgentes y las que beneficien a más ciudadanos. Por otro lado se destinarán unos 200.000 euros al fondo social, dirigido a asegurar este servicio a las familias más vulnerables, según ha asegurado la concejal de Hacienda, Esperanza Nieto.
También se habilitará una partida de 560.000 euros para la descentralización de contadores en núcleos diseminados y la eliminación progresiva del plomo y el hierro en las tuberías de la red municipal.
La iniciativa fue aprobada con los votos a favor del Gobierno, mientras que toda la oposición se ha mostrado en contra. El concejal de MC, Jesús Giménez Gallo, ha cuestionado la presencia de algunos gastos ajenos al contrato que no se justifican. "Se mantiene el pago a Hidrogea de 2 millones de euros en salarios por un convenio colectivo que firma la empresa con sus trabajadores y que no es el convenio regional del sector. Cada año los cartageneros asumiremos este gasto porque el Gobierno no quiere importunar los beneficios que la empresa concesionaria ofrece a sus trabajadores, no con cargo a sus beneficios, sino con cargo al recibo de los cartageneros", ha denunciado el edil.
Asimismo, en la ordenanza “dejan de aparecer los ingresos por los servicios prestados a los abonados, por las acometidas, por los reenganches, por las bajas y por las fugas”, ha señalado Giménez Gallo. “Tampoco queda reflejada la depuración. Cuatro millones de euros que percibe Hidrogea por gestionar las EDAR que no están en la tarifa”, ha añadido.
El concejal de MC ha señalado que "se aprueba una subida de tarifa cargándola al uso industrial para que el Gobierno pueda hacer obras urbanísticas en superficie y que pertenecen a un plan que está fuera del contrato. Los cartageneros pagaremos unos 400.000 euros al año, durante 20 años, para amortizar la inversión de 10 millones de euros en obras de mejora de infraestructuras del ciclo integral del agua".
La portavoz de Unidas Podemos IU Verdes Equo, Leli García, ha criticado que “Cartagena tiene unos costes de servicio escandalosos, a la cabeza de los municipios de España, y el Gobierno local se muestra incapaz de dar una respuesta política”. Asimismo ha destacado que "si se tiene que ayudar al comercio y la hostelería, que se haga desde el presupuesto municipal, pero no a costa de los usuarios mileuristas del servicio municipal de agua, ya que la tarifa doméstica estaba en 2,09 euros el metro cúbico y la han aumentado a 2,15 euros, siendo así la más cara con diferencia de todas las existentes".
“Va a ser la industria quién soporte las pequeñas rebajas que se harán a la hostelería”, ha apuntado por su parte el concejal no adscrito Gonzalo Abad. Además ha afirmado que "los proyectos de obra tiene que aprobarlos el Ayuntamiento, no Hidrogea, como sucede ahora". En este sentido, ha añadido que "se deja a la empresa concesionaria que elija ella mismos los trabajos a realizar, sin ejercer ningún control, que muchas veces se centran en fines distintos al agua, como el asfaltado y la urbanización".
La concejala de Hacienda, Esperanza Nieto, ha asegurado que "tienen el deber legal de aprobar la ordenanza", y ha defendido que "la iniciativa recoge todas las peticiones de los sectores, sobre las que se ha hecho un riguroso estudio por parte de la Concejalía de infraestructuras".
