La Comisión Informativa de Hacienda e Interior, reunida ayer, dictaminó favorablemente la propuesta del Gobierno municipal sobre la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, la conocida plusvalía, para adaptarla a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional y al posterior decreto del Gobierno de la Nación respecto a la Ley de Haciendas Locales.
Según asegura la concejala de Hacienda, Nuevas Tecnologías e Interior, Esperanza Nieto, debido al nuevo cálculo el Ayuntamiento va a dejar de ingresar entre 3 y 3,5 millones de euros. «De momento no contamos con fuentes de financiación alternativas, por lo que se van a tomar medidas excepcionales para subsanar estas pérdidas y las que se derivan también de la subida de precios de la luz, el gas y de la concesión de contratos, como el que tenemos con Lhicarsa, empresa concesionaria del servicio de limpieza», puntualizó la edil.
El Real Decreto-Ley 26/2021 establecía que los ayuntamientos que tuvieran establecido el impuesto debían modificar sus respectivas ordenanzas fiscales en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo.
Hasta ahora la ordenanza fiscal establecía como base de cálculo del impuesto un sistema de estimación objetiva basado en coeficiente y porcentaje sobre el valor catastral del inmueble, sin tener en cuenta si realmente se había producido un incremento real del valor de los terrenos.
Con la modificación propuesta por el Gobierno municipal «la cuantía del impuesto podrá calcularse de la forma más ventajosa para el contribuyente, pudiendo elegir entre el porcentaje del valor catastral o la diferencia real entre el precio de compra y de venta del inmueble, aplicándoles unos coeficientes y cuotas según los años transcurridos», aseguran fuentes municipales.
El dictamen de la Comisión contó con los votos favorables de los concejales del Gobierno municipal, mientras que los de MC Cartagena y Unidas Podemos Izquierda Unida Equo se abstuvieron; y la edil de Vox y el concejal no adscrito, Gonzalo Abad, votaron en contra.
El dictamen será sometido a debate en el próximo pleno extraordinario. El objeto es adelantar los plazos en su tramitación, que incluirá la exposición al público del acuerdo. Con ello se pretende que pueda entrar en vigor antes del próximo 1 de junio.
