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Social

Convivencia insostenible con los okupas en Cartagena

El casco antiguo y diputaciones como Los Nietos registran numerosos casos en los que los vecinos se encuentran indefensos y amedrentados

Los okupas acumulan basura y enseres en el portal, las escaleras y la terraza. | IVÁN URQUÍZAR

Los okupas acumulan basura y enseres en el portal, las escaleras y la terraza. | IVÁN URQUÍZAR / mar i.león

Mar I. León

Mar I. León

Los propietarios e inquilinos de un edificio de la calle San Diego, en pleno casco antiguo de Cartagena, lanzan un grito desesperado de auxilio ante la posición de indefensión, e incluso peligro, en la que se encuentran al no poder echar legalmente a los okupas que se han adueñado de la mayoría de los pisos del inmueble en el que viven por lo que tienen que seguir enfrentándose a ellos.

Inquilinos problemáticos que ocupan viviendas y hacen la convivencia insostenible al resto de vecinos desgraciadamente es algo común en el municipio. Especialmente en el casco antiguo y diputaciones más alejadas del centro como Los Nietos, La Aljorra, La Palma y Pozo Estrecho, informan desde la Federación de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac). «Apoyamos a los okupas que tienen que hacerlo por necesidad, pero no a los que son foco de problemas porque causan inseguridad ciudadana y se dedican al tráfico de drogas y robos», lamenta su presidenta, Sonia Montoya.

Este es uno de estos casos. Desde la llegada de los okupas al edificio de San Diego, en la actualidad una veintena, hace tres años, los propietarios, unos once, no pueden llevar una vida normal. En este bloque hay un total de 16 pisos de los cuales 12 están embargados por un conocido banco y los otros cuatro pertenecen a propietarios particulares.

Los vecinos han presentado denuncias conjuntas por haber recibido palizas y tener ‘pinchadas’ la luz y el agua

Ante la inacción de la entidad bancaria, la docena de pisos los gestiona un clan familiar que los ocupa a su antojo. De hecho, tienen sus propios inquilinos. Recientemente han vendido la llave con derecho a luz y agua hasta que los desahucien y cobran así un alquiler por ello, según han podido saber los vecinos consultados.

La convivencia con estos individuos les afecta de lleno en su día a día. No pueden recibir correspondencia ya que fuerzan los buzones para amedrentarlos. Les roban; tienen el calentador de agua de la zona común pinchado y cuando se descuidan lo han hecho también a su luz.

Están sin aire acondicionado ni calefacción después de que arrancaran los compresores de las terrazas. Hay vecinos que no tienen acceso al televisor ya que les cortaron los cables y quitaron la antena. Lo mismo les pasa con el wifi. «No puedo tener ni Netflix», lamenta uno.

Servicios Sociales da respuesta habitacional a familias vulnerables 

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena actúa contra la ocupación y ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad a través del Servicio de Atención a la Vivienda e Intermediación Social (SAVI). 

Entre otros recursos, dispone de 45 viviendas de titularidad municipal, informan desde la Concejalía, entre las que se encuentra una en ruinas de Pozo Estrecho, que adquirió a raíz de las peticiones y manifestaciones vecinales después de que fueran desalojados y detenidos los okupas que hacían uso de ella para delinquir y que ahora están rehabilitando.

Pero principalmente, este servicio de vivienda municipal actúa con personas okupas y en situación de vulnerabilidad a la que hay que dar una respuesta habitacional. Así, dispone de una oficina de atención al ciudadano, informes de vulnerabilidad, asistencia a lanzamientos con los desahucios, facilita el seguro del alquiler y realojamiento en situaciones de emergencia.

El destrozo del mobiliario de las zonas comunes y que todas las cerraduras estén forzadas del edificio es lo habitual. Recientemente robaron las ventanas de las escaleras y mantienen fundidas las luces, según los vecinos, para sembrar el miedo y poder sorprender los si fuera necesario.

Esto último, ya ocurrió el pasado mes de septiembre cuando le propinaron una paliza a uno de ellos en el portal, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso esta Redacción. Hasta en dos ocasiones han ido a juicio por agresiones, amenazas y linchamientos.

Muchos han abandonado el inmueble, pero los que permanecen no pueden permitirse otra vivienda. Incluso algunos han desistido y se han mudado a otras ciudades, pero ni con esas se libran. Siguen bajo amenaza después de que los okupas conocieran su nueva dirección a través del correo. Admiten que por miedo no declaran o denuncian más.

Aun así, han presentado una denuncia conjunta y numerosas a nivel particular a lo largo de estos años, las más recientes en agosto y septiembre de 2021, por las constantes agresiones recibidas, los robos en las zonas comunes y por el tráfico de estupefacientes, a la vez que requieren de la ayuda a la policía constantemente. «La policía secreta viene casi a diario por los hurtos que comenten», dice un vecino.

Asimismo, el pasado martes 8 de febrero solicitaron en Alcaldía una reunión con Noelia Arroyo para que sea conocedora de su penosa situación.

Enfermos por ellos

Esta ‘inconvivencia’ ha trastornado sus vidas por completo. El vecino que narra y muestra las denuncias a esta Redacción ha tenido que cambiar la distribución de su hogar por padecer un trastorno del sueño ante el exceso de ruido que causan los okupas con las numerosas fiestas que montan.

Además, concluye enumerando todas las enfermedades físicas y psicológicas crónicas que padece desde su llegada sacando del bolso con desesperación numerosos medicamentos contra la ansiedad, la alopecia y las heridas dermatológicas causadas por el estrés.

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