«El perecimiento de las aves es sólo la punta del iceberg de una auténtica bomba de relojería contra el medio ambiente». Esta contundente advertencia del fiscal al Juzgado de Instrucción nº 5 de Cartagena ha llevado al juez a ampliar seis meses la causa que investiga la muerte de aves protegidas en las balsas de residuos peligrosos de Española del Zinc (Zinsa) en Cartagena. En virtud también de la última investigación por parte de la Guardia Civil, el juez ha decidido citar a declarar, en calidad de investigada, a la mercantil Cartagena Parque, propiedad del conocido promotor Tomás Olivo.

En el escrito remitido por el fiscal al juez se indica, que una vez examinado el ultimo informe del Seprona, se concluye que «los hechos que pone de manifiesto el informe de la Guardia Civil alcanzan una dimensión muy superior al inicial riesgo para determinadas aves, sino que dicho riesgo existe también, y de forma especialmente grave, para la salud de las personas». Explica el fiscal que esta amenaza no solo se debe a la cantidad de metales pesados que hay en las balsas analizadas (cobre, zinc, arsénico, cromo, cadmio, o níquel), que multiplican «por varios millones» el límite máximo permitido para que no exista riesgo para la salud, «sino que a eso hay que añadir la ubicación de los terrenos donde se encuentran las mismas, en zonas muy próximas a núcleos de población».

Comunidad y CHS

Por ello, el Juzgado, además de solicitar al Seprona y a la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales todos los informes por la muerte de aves en los últimos cinco años, dirigirá un oficio a la Dirección General de Medio Ambiente para que, a la mayor brevedad, informe del estado de las balsas en cuanto a su impermeabilidad y al estado de sus motas de contención.

Además, solicitará al Seprona muestreos de las escorrentías que afloran bajo el puente de la autovía A-30 que da acceso a la avenida Alfonso XIII, junto al Tanatorio Estavesa, y aquellos flujos que desde la zona cero de las instalaciones de Zinsa desembocan en la rambla del Hondón cuando llueve. El juez también pedirá a la Dirección General de Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) un informe de los residuos existentes en la desembocadura de esta rambla en la dársena del Puerto de Cartagena. Además, se ha requerido a la CHS que le haga llegar todos los expedientes sancionadores incoados por el estado de las balsas de Zinsa.

Más de trece años sin que se resuelva la descontaminación

Española del Zinc (Zinsa) cerró en 2008 su actividad en las instalaciones del barrio de Torreciega (Cartagena). Tras su liquidación, en 2009 fue adquirida por la promotora inmobiliaria Quorum. Tras la quiebra de esta empresa, el empresario Tomás Olivo se hizo con los terrenos (más de 480.000 metros cuadrados) a través de subasta judicial por 1,5 millones de euros y con la idea de levantar allí bloques de viviendas tras una posible reclasificación de los terrenos. Olivo, a través de la sociedad Cartagena Parque, asumió junto con la compra las cargas ambientales asociadas, es decir la descontaminación.

«Pero nadie ha movido ficha desde entonces, ni los propietarios de los terrenos, ni la Comunidad; ha habido requerimientos de la Administración, pero sin resultado», lamenta el abogado que representa a los vecinos de Torreciega en la causa abierta.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, por petición judicial, deberá aportar de manera inmediata el proyecto de ejecución subsidiaria que se pretende realizar en la zona contaminada. También exigirá una relación de las personas responsables del cese de actividad del vertedero de residuos peligrosos.

El informe del Seprona recoge que los valores de metales pesados multiplican «por varios millones» los límites

Según el auto del juez, dado el importante y diverso número de diligencias que se han acordado, resulta «altamente probable» que pudieran resultar necesarias otras diligencias para el correcto esclarecimiento de los hechos. Por ello, se ha acordado la prórroga de la instrucción por un tiempo de 6 meses.

El abogado de los vecinos afectados espera que se adopten ya las medidas necesarias para proteger la salud de los residentes

El abogado de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que ejerce la acusación particular, José Manuel Múñoz Ortín, afirma que se sienten «bastante satisfechos; lo estábamos diciendo desde el minuto cero: esto no se limitaba exclusivamente a la muerte de las aves, sino que es un indicador más de lo que allí está pasando». El letrado espera que con este paso dado por Fiscalía y Juzgado sea inminente «la adopción de medidas para proteger la salud a los ciudadanos que viven en la zona, que están residiendo a 500 metros, o menos incluso; eso es lo prioritario, después se buscarán a los responsables».