Ni los vecinos ni el Ayuntamiento de Cartagena han podido evitar la demolición de parte del edificio que albergaba la Cárcel Vieja de San Antón. Su propietaria, la empresa sanitaria que gestiona el hospital Perpetuo Socorro, ya trató de echar abajo el histórico inmueble al completo pero la Comunidad Autónoma y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia frenaron el derribo.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Cartagena no pudo impedir que la empresa tirase abajo este martes uno de los muros que, según fuentes municipales «no está protegido», por lo que desde Urbanismo, «nos vimos obligados a conceder dicha licencia para no caer en la prevaricación», insisten.

Aún así, el derribo parcial pillaba ayer por sorpresa a los miembros de la plataforma ciudadana La Cárcel no se Toca, formada por colectivos y asociaciones de la ciudad portuaria como Aforca o la asociación vecinal de San Antón, con la intención de salvaguardar el patrimonio y evitar que una empresa privada acabase con parte de la historia de Cartagena.

Excavadoras, palas y demás material de obra ponían en alerta a los integrantes de la plataforma a primera hora de la mañana este martes. Tras comprobar que parte de uno de los muros ya estaba, «muy a nuestro pesar en el suelo», los integrantes de la plataforma llamaron a la Policía Local de Cartagena, que tampoco pudo paralizar el derribo.

Los ciudadanos que integran La Cárcel no se Toca piden que la Cárcel Vieja de San Antón se convierta «en un centro cívico cultural para toda la ciudad» y remarcan «el valor histórico que tiene el edificio como última cárcel del país hecha por la República de tipo pentagonal con cinco garitas», única en España.

Esperanza Castelo, representante de la plataforma, lamenta que «en otras ciudades de la Región, como Murcia, el Ayuntamiento compre la cárcel vieja para convertirlo en un espacio útil y accesible para que lo disfruten los ciudadanos, mientras que en Cartagena le dan alas a los que quieren hacerla desaparecer». Por este motivo, una decena de miembros de la plataforma se han plantado frente al inmueble a modo de protesta. Sin embargo el deseo de los vecinos y la oposición inicial del propio Ayuntamiento han bastado para que los propietarios cambiasen de parecer.

Los enfrentamientos entre vecinos, Ayuntamiento y los ahora propietarios del inmueble comenzaban hace cinco años, cuando Administración del Estado sacó el inmueble a subasta y la empresa encargada de gestionar el Perpetuo Socorro consiguió hacerse con ella. En ese momento, el edificio aún no gozaba de ningún tipo de protección.

La intención de la empresa sanitaria fue derribar la Cárcel Vieja de San Antón desde el primer momento para así ampliar los servicios con los que cuenta el Sebastián Feringán y en 2017 solicitó licencia para ello al Ayuntamiento de Cartagena.

Fue entonces cuando los vecinos constituyeron la plataforma La Cárcel no se Toca y comenzaron los intentos por salvaguardar el edificio, que data del 1935. Al movimiento social se unió la ahora vicealcaldesa, en ese momento al frente del Ayuntamiento, Ana Belén Castejón, que paralizó la concesión de la licencia y le costó a la ex regidora una denuncia por prevaricación que finalmente fue archivada.