Recién jubilado y con el deseo de retirarse en una casa frente al mar. Este era el "sueño cumplido" del médico cartagenero de la Armada José Luque, que el 30 de diciembre del 2020 colgaba la bata para mudarse a su casa en el paseo marítimo en Cabo de Palos, en la playa de Levante. Desde hace cuatro meses vivía su retiro en la que, a día de hoy, es la única vivienda a su nombre y su "única residencia".
Sin embargo, el descanso ha durado bien poco al médico militar. Hace tres semanas la Demarcación de Costas envió a Luque una carta de desalojo con presupuesto de 56.000 euros "a nuestro coste" por su demolición, relata. Hace tres años, Luque asegura que envió "en tiempo y forma" la documentación necesaria para proceder a "la prórroga de la concesión que tiene otorgada mi familia desde 1952", asegura.
Este viernes, funcionarios de Costas acudirán a la que aún es la vivienda de Luque para requerirle las llaves de su domicilio, a pesar de los esfuerzos del doctor jubilado para evitarlo. "He ido en incontables ocasiones a Costas desde que recibí la notificación, pero no me dejan margen de recurso", lamenta Luque. "Me siento arrollado, el derribo de mi vivienda no es más que un cúmulo de innumerables errores y no me dejan demostrarles que están equivocados", insiste el médico.
Con la intención de evitar el desalojo, previsto a media mañana, decenas de vecinos, familiares y amigos de Luque han convocado una movilización para este viernes. "No hay derecho, es un atropello", indican los vecinos de Cabo Palos.
A su vez, casi 1.500 personas han firmado ya la petición que la familia de Luque ha puesto en marcha a través de change.org para paralizar el derribo de la vivienda. Desde aquí sostienen que esta vivienda "no solo no vulnera la Ley de Costas, sino que es una construcción de 1949 y estuvo entre las primeras 9 viviendas construidas en el litoral de La Manga siguiendo con pulcritud las indicaciones del Ministerio de Obras Públicas (BOE 166 de 15 de junio de 1952) por lo que, como ocurre en otras zonas del litoral español, debería estar protegida y cuidada por los servicios municipales como vivienda característica y de interés urbanístico". Desde el PSOE, indican sin embargo que la casa vulnera la Ley de Costas.
Por su parte, el Gobierno local de Cartagena se reunía esta mañana con Luque para mostrarle su apoyo, que también ratificarán en el Pleno con una moción en la que solicitan que se paralice el derribo de la vivienda.
El Ayuntamiento de Cartagena ya pidió hace seis años que se detuviera la aplicación directa de La Ley de Protección del Litoral en este punto, aplicando las mismas excepciones que se habían utilizado en otras zonas de la costa. "No pedimos que se incumpla la Ley, sino que se aplique de una forma justa y que no se tomen decisiones irreparables sin estudiar antes todas las alternativas y creo que estamos legitimados para pedirlo ahora porque ya lo hicimos cuando el gobierno central era del Partido Popular", indica la vicealcaldesa de la ciudad portuaria, Noelia Arroyo.
Arroyo explica que hace menos de un año se volvió a mandar esa información al Ministerio en una alegación al Plan para la Protección del Borde Litoral y ha adelantado que propondrá en el próximo Pleno "una nueva declaración institucional para que el Ayuntamiento renueve la petición alcanzada por una unanimidad en 2014. El Partido Popular también elevará una propuesta similar a la Asamblea Regional.
