Los 16 extrabajadores del IMSEL que hasta ahora formaban parte de la brigada de limpieza del litoral cartagenero, no pasarán a formar parte de la plantilla de limpieza de Lhicarsa, tal y como el Gobierno local le solicitó a la empresa en el Consejo de Administración que se celebró el martes pasado en el Palacio Consistorial. Así se lo hacían saber desde FCC a los trabajadores, que recibieron ayer la carta de despido. Desde la empresa, alegan que les es imposible atender la petición que les trasladó hace una semana el Ayuntamiento ya que incurrirían en un «delito de fraude», aseguraron a los trabajadores.

Por su parte, desde el Consistorio afirman «no poder hacer más» por los empleados, ya que «se trata de un conflicto entre ellos y la empresa». «Tras cuatro meses de lucha estábamos muy ilusionados de que el Ayuntamiento pidiera a FCC que nos integrase en la plantilla de Lhicarsa para no perder nuestro empleo», asegura Carlos Munuera, delegado sindical de los trabajadores de limpieza del litoral por Comisiones Obreras, «pero una semana después nos vemos en la calle y sin ayuda de la empresa, ni del Ayuntamiento», lamenta Munuera.

Sin embargo, fuentes municipales sostienen que la única que pueden solucionar el conflicto es la empresa que los contrató, FCC, ya que tras la disolución del IMSEL y las prórrogas pertinentes, les era imposible mantener el contrato, ya que los servicios jurídicos municipales advirtieron que no se podían mantener dos contratos con el mismo concepto.

Con la intención de poner fin a este conflicto, y tras la manifestación de los 16 trabajadores, miembros del Gobierno local llevaron al Consejo de Administración de Lhicarsa la propuesta para solventar la falta de empleados de limpieza con los que aumenta la empresa en Cartagena, según detectó el Ayuntamiento. Si FCC y Lhicarsa no aceptan la propuesta, el Consistorio se desvincula del asunto como parte implicada, «ya que no tenemos contrato con FCC», insisten. Además, sostienen que desde la empresa no les han notificado esta decisión y que el Ayuntamiento «jamás propondría algo que no fuese legal».

Tras perder finalmente sus empleos, los trabajadores ya están en contacto con sus abogados y emprenderán acciones legales contra FCC y contra el Ayuntamiento de Cartagena.

Mientras tanto, continúa la lucha entre Lhicarsa y el Consistorio.