Desesperados, con su vivienda en ruinas y sin saber hasta cuándo podrán «aguantar». Así permanecen desde el mes de junio los vecinos de uno de los edificios de la calle Alcalde Bartolomé Spotorno, ubicado en la barriada Virgen de la Caridad, más conocida como Las 600.

La madrugada del 9 de junio del 2020, la Guardia Civil arrancaba una macrooperación contra el narcotráfico en Cartagena, que consiguió desmantelar 30 garitos en diferentes barrios del municipio. Fue en ese momento cuando varios agentes del Grupo de Reserva de Seguridad (GRS) tratando de acceder a uno de los puntos de venta ubicado en la primera planta del edificio, causaron daños estructurales en el inmueble, provocando que el muro de carga se desplazase 10 centímetros del armazón, según los vecinos.

«Estuvieron desde las tres hasta las cinco de la madrugada dando golpes sin tener en cuenta al resto de vecinos que vivimos en el edificio, yo pensaba: si siguen dando golpes se cae abajo», recuerda Antonia Simón, una de las vecinas afectadas.

Tras la operación, los técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena acudieron al inmueble y, con ayuda de los bomberos, apuntalaron la fachada del edificio para evitar su derrumbe. Sin embargo, lo hicieron con la condición de que los vecinos arreglasen lo antes posible los desperfectos, ya que el edificio se encuentra en muy malas condiciones y no cuenta con las condiciones óptimas para ser habitado.

De las ocho familias que vivían hasta ese momento, cuatro se marcharon tras el incidente, pero otras cuatro continúan viviendo allí aún sabiendo que «se puede venir abajo en cualquier momento», ya que no pueden permitirse pagar un alquiler y mucho menos, afrontar los gastos de la reparación, ya que se trata de familias en situación de riesgo de vulnerabilidad. «Con 250 euros de pensión de viudedad, una hija y una nieta a mi cargo, ya me contarás que hago», apunta Simón.

Por este motivo, solicitan al Gobierno central que se haga cargo de reparar los daños que «ellos mismos han ocasionado», sostienen los vecinos. «No es justo que nos pidan que lo arreglemos nosotros, que somos las víctimas de una situación que ni nos va ni nos viene», afirma Manuel Montero, otro de los vecinos afectados.

Durante el último mes han observado que el muro ha vencido otros tres centímetros y que la fachada está «cada vez más vencida hacia delante», indica Montero.

Además, a través de la ventana del portal, que se encuentra completamente al descubierto, también se producen filtraciones de agua, provocando inundaciones en los pisos bajos del edificio que suponen «otro problema» añadido a los vecinos.

Hasta hace unas semanas, contaban con una persiana para que el agua y los residuos no entrasen al inmueble con tanta facilidad, pero «se colaron y la robaron por la noche», relata otra vecina.

El estado del inmueble y la inseguridad que los vecinos viven en sus domicilios ha provocado que «desde esa noche no haya vuelto a pegar ojo», asegura Simón. Por este motivo, solicitan al Ayuntamiento que les reubique en una vivienda social o les proporcione una prestación económica para poder hacer frente al pago de un alquiler en caso de que el inmueble se venga abajo.

Desde Servicios Sociales aseguran que ya se ha puesto en marcha el «protocolo habitual» en estos casos y que actualmente están estudiando de manera individual cada uno de los casos y que buscarán la fórmula para «ayudar a las familias que lo necesiten», ya que el estado del inmueble es peligroso para los inquilinos.