El próximo 16 de febrero la empresa VGR Multiservicios de Cerrajería (también trabaja con otros nombres como AVG Multiservicios) tendrá que acudir al Juzgado de Primera Instancia de Murcia para afrontar una demanda de conciliación interpuesta por el despacho Pozo Abogados que representa a cerca de cien afectados por el cobro de diversos servicios que consideran «abusivos y desproporcionados».

La investigación de estos hechos se remontan a un año atrás, pero fue el caso de una vecina de Cartagena publicado por esta Redacción el pasado mes de enero el que causó un considerable revuelo mediático que facilitó la aparición de decenas de casos similares, sobre todo en la Región de Murcia. En aquella ocasión un cerrajero enviado por esta empresa cobró a una familia cartagenera 1.077 euros por abrir su puerta en Nochevieja con la técnica más básica del gremio, una apertura de resbalón.

Según el escrito de conciliación, los demandantes jamás recibieron información precontractual ni contractual respecto a las condiciones generales y especiales de dicho servicio, «encontrándose en este sentido total y absolutamente desprotegidos como consumidores». Entre las decenas de casos, cuyo presupuesto medio ronda los 500 euros, hay uno especialmente llamativo que alcanza los 1.533 euros por cuatro horas de trabajo sobre una supuesta cerradura rota. Según la demanda, en ningún caso, los usuarios recibieron información alguna sobre el gasto, la tarifa o el precio hasta que el servicio estuvo completado, momento en el que, con el TPV en la mano, el cerrajero indicaba que debían pagar y también reclamar al seguro asegurando que la incidencia sería cubierta. Según el abogado Rodrigo Pozo esto supone un «palmario incumplimiento de los deberes de información que contravienen tanto la normativa europea, como la nacional y del sector profesional». Los vecinos afectados esperan que, en virtud de los incumplimientos, la empresa reintegre una parte sustancial de las cantidades cobradas reliquidando el pago en función de las tarifas habituales. En caso de no llegar a un acuerdo, el despacho iniciará el proceso judicial con una demanda civil y no descarta una querella por estafa.

La empresa de cerrajería no sólo tendrá que hacer frente al acto de conciliación (espacio para lograr un acuerdo antes de que se abra el proceso judicial) sino que también tendrá que defenderse de una denuncia pública tributaria interpuesta por los afectados. Además de los expresado en la demanda anterior, este segundo documento incluye irregularidades en la facturación y en la identificación del domicilio social.

El Código de Buenas Prácticas, posible remedio

El Código de Buenas Prácticas, posible remedioEl sector de la cerrajería urgente en España tiene libertad de precio pero muchas autonomías y municipios han regulado su propio marco jurídico. El Ayuntamiento de Madrid tiene por ejemplo un Código de Buenas Prácticas que fue consensuado con la Asociación Madrileña de Cerrajeros (Asmace) y por el Consejo de Consumo. Esta medida, en opinión del letrado Rodrigo Pozo, debería ser impulsada por el Ejecutivo regional, ya que «el sector debe estar protegido con un marco jurídico que garantice al usuario una prestación del servicio sin abusos».