«Asfixiados, desesperados y sin el respaldo de la administración regional y central», así se sienten los casi 300 hosteleros que salieron con sus vehículos a las calles de Cartagena este jueves para protestar contra el cierre de los bares y restaurantes en el municipio y exigir un plan de rescate nacional que «salve» al sector, «abocado al cierre» si la situación continúa como hasta ahora.
Cientos de empresarios, camareros y proveedores se congregaban frente al estadio Cartagonova convocados por la patronal cartagenera Hostecar. Su presidente, Juan José López, explicaba que los propietarios y trabajadores necesitan ayudas por parte del Gobierno de España y un protocolo seguro para que «independientemente de la situación sanitaria, los bares y restaurantes puedan seguir trabajando con garantías».
La protesta, que se ha celebrado en vehículos para contener la expansión de la covid-19 y evitar aglomeraciones, partía a las 10.00 horas hacia la Asamblea Regional, donde los manifestantes han realizado una gran pitada para pedir a los políticos soluciones.
Los bares de Cartagena llevan ya diez días cerrados y sin fecha de reapertura. A estos se suman los más de 100 que han estado sin trabajar a lo largo del 2020, según los cálculos de la patronal. Este cese de actividad ha provocado que el 25% de las empresas hosteleras de Cartagena hayan echado el cierre a causa de la crisis provocada por la covid-19, aunque López vaticina que «si este cierre se prolonga, la cifra ascenderá hasta el 40 e incluso el 45%».
Además, son muchos los restaurantes que por «falta de rentabilidad» tampoco pueden ofrecer ese servicio de recogida de comida en el local o a domicilio, la única opción si quieren seguir abiertos. «Entre la luz, los empleados y el gasto, me dicen que pierden dinero si permanecen abiertos en estas condiciones», asegura López.
Aquellos que sí lo hacen, como Antonio Baños, propietario del Bar Yeray, aseguran que a pesar de que los clientes apoyen la iniciativa, las pérdidas con el servicio a domicilio oscilan entre el 75 y el 80%. El empresario afirma que se podrían haber aplicado medidas para contener el virus que no perjudicasen tanto al sector, como cerrar toda la actividad no esencial a las 18.00 horas. «De esta manera podríamos haber seguido generando ingresos pero evitando las horas más críticas», apunta. Asimismo, lamenta que «la única ayuda real que hemos tenido hasta ahora ha sido la del Ayuntamiento, con la exención de tasas».
A la caravana también se han unido los distribuidores de estos bares y restaurantes, que con el cerrojazo han experimentado unas pérdidas en torno al 90%, según revela Raúl Valdino, repartidor de una empresa de distribución del sector agroalimentario que lleva en ERTE varios meses.
