21 de octubre de 2020
21.10.2020
La Opinión de Murcia

Universidades

La Consejería de Universidades estudia poner dinero para salvar la sede de la UIMP en Cartagena

El consejero Miguel Motas pide que su departamento entre a formar parte del Consorcio de la Universidad Menéndez Pelayo y la Cámara de Comercio

21.10.2020 | 16:43
La Consejería de Universidades estudia poner dinero para salvar la sede de la UIMP en Cartagena

La Consejería de Universidades está estudiando la posibilidad de desembolsar dinero para salvar del cierre la sede permanente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cartagena. Por lo pronto, el consejero Miguel Motas ha solicitado al Patronato de la universidad pública, dependiente del Estado, que su departamento entre a formar parte del Consorcio que mantiene la institución académica con la Cámara de Comercio de Cartagena y el Ayuntamiento.

Esta decisión se la ha comunicado tanto al presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez, el coordinador de los cursos de la Universidad, José Carlos Ros, y el director académico de la misma, Juan Jesús Bernal, con quienes se ha reunido de urgencia este miércoles tras conocer ayer las intenciones de la UIMP con su sede de Cartagena, la única que mantiene en la Región de Murcia.

Motas pone la Consejería a disposición de la Universidad Menéndez Pelayo para ayudar a resolver los posibles problemas que puedan existir y evitar que se siga adelante la decisión que implicaría el cese de actividad de la institución en la ciudad portuaria. El consejero se puso de lado del presidente de la Cámara de Comercio al acusar al Ministerio de Universidades de tomar una "decisión política" al cerrar la sede excusándose en "problemas económicos". La UIMP alegó ayer que mantiene un déficit estructural que hace inviable su presencia en Cartagena, así como en otras tres ciudades españolas más, por los problemas económicos derivados de la pandemia.

"Lamento que se utilice como excusa la pandemia para justificar una decisión política que no tiene justificación económica", remarca el consejero, que señala que el cierre de la sede supondría un agravio comparativo de la Región con otras comunidades autónomas que mantendrían al menos una, como es el caso de Andalucía que a pesar de perder la de Cádiz, todavía dispondría de la de Sevilla.

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