14 de octubre de 2020
14.10.2020
La Opinión de Murcia

Social

Un protocolo para evitar la ocupación de viviendas en Cartagena

El Colegio de Abogados de Cartagena participa en un plan regional para frenar esta práctica ilegal en la Comarca

14.10.2020 | 04:00
Un protocolo para evitar la ocupación de viviendas en Cartagena

El Colegio de Abogados de Cartagena participará activamente en la redacción de un protocolo regional para la detección temprana de la ocupación que quiere combatir la expansión de este fenómeno en la Región de Murcia y servir de respuesta a los manuales que hay en internet que incentivan esta práctica ilegal.

Así lo acordaban durante la jornada de ayer el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y el decano del Colegio, Antonio Navarro, durante un encuentro en el que también concertaron que se impartirá formación específica a los abogados «para combatir de la forma más efectiva posible los casos de ocupación».

«El objetivo que persigue el Ejecutivo regional es ayudar a los propietarios a que se defiendan de la ocupación de sus viviendas y disuadir a las mafias del sector para que no operan en la Región de Murcia», expuso Díez de Revenga.

El consejero explicó las novedades del nuevo decreto ley que pretende impedir que se menoscabe el derecho a la propiedad privada y la degradación que se produce en los barrios donde las viviendas han sido usurpadas o allanadas. Destacó que se establece un asesoramiento específico en la Consejería para las víctimas de esta práctica que se denominará 'Servicio de mediación hipotecaria y lucha contra la ocupación'.

Esta reunión se enmarca en una ronda de contactos que está llevando a cabo desde septiembre el titular de Fomento para analizar el incremento de casos de ocupación en la Región de Murcia y trazar una estrategia que prevenga su expansión.

En Cartagena, el problema de la ocupación de viviendas afecta especialmente al pueblo costero de Los Nietos y a la diputación de La Palma, donde los propietarios de los inmuebles luchan junto a las asociaciones vecinales para evitar que se lleve a cabo esta práctica ilegal que damnifica tanto a los dueños de las viviendas como a las casas de la zona.

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