Las concesionarias están en el ojo del huracán. La empresa Lhicarsa, encargada de los servicios de limpieza y recogida de basuras en el municipio de Cartagena, ha incumplido, presuntamente el contrato firmado con el Ayuntamiento al utilizar maquinaria municipal para prestar servicios a terceros. Un incumplimiento que, según los datos del expediente abierto, supone que FCC, socio mayoritario de Lhicarsa, ha vertido más de 9.000 toneladas de residuos sin pagar las tasas correspondientes, que equivalen a 600.000 euros.

El Ejecutivo local detectó el pasado mes de enero que la empresa concesionaria podría estar prestando servicios a otros clientes con camiones destinados a su contrato con el Ayuntamiento. Tras la investigación, la Junta de Gobierno Local abrió ayer un expediente a la empresa que podría desembocar, o bien en la resolución del actual contrato con la empresa, o bien en la intervención de la empresa para garantizar el servicio de limpieza y recogida de basuras en el municipio hasta que se aclaren las irregularidades.

Eso sí, la alcaldesa insiste en que los trabajadores de la empresa no se verán perjudicados por esta situación: «Garantizamos que no afectará a la plantilla. Esto no tiene nada que ver con ellos», subrayó la regidora.

Suspendidas las cuentas

Por lo pronto, el Consistorio ya ha suspendido la aprobación de las cuentas de la empresa y ha paralizado la renovación de la maquinaria. A partir de ahora, se abre un plazo para que la concesionaria aclare las irregularidades. «Una vez que la Junta de Gobierno local aprueba esta apertura de expediente, le damos la oportunidad a la empresa para aportar toda la documentación, y que contradigan estas supuestas irregularidades. El expediente no presupone nada pero tampoco descarta nada», añaden.

Según las investigaciones de los técnicos, parte de los residuos trasladados a la planta de tratamiento son podas que entraron en el vertedero cuando FCC fue titular del contrato de jardines, mientras que otra parte de esos residuos procederían del contrato con el Polígono de Santa Ana. El polígono tiene su propio sistema de recogida y contrata a FCC su gestión, pero esos residuos entraban presuntamente en el vertedero en vehículos de Lhicarsa y no pagaban las tasas.

El origen del conflicto se remonta a 2015, cuando la concesionaria pidió al Ayuntamiento dar de baja siete camiones, que luego han sido utilizados para otros fines. La propia empresa ha reconocido este hecho, argumentando que ya avisaron entonces que quería darlos de baja para el servicio municipal.

Por su parte, la vicealcaldesa Noelia Arroyo asegura que el Consistorio aún no ha cuantificado el coste por las deficiencias en el servicio, como consecuencia de la falta de personal o de maquinaria: «Esa vía sigue abierta, porque sabemos que el dinero que se paga para que Cartagena esté limpia no se está utilizando para que Cartagena esté limpia», destacó.

Por su parte, Castejón insiste en que uno de los principales compromisos de su Gobierno es el «de intensificar la vigilancia sobre las empresas concesionarias para mejorar el servicio a los ciudadanos, y el resultado está aquí». Y lanzó un nuevo dardo para el ex alcalde y responsable del área de Infraestructuras, José López: «Otros hablaron mucho, pero no hicieron nada».