El Ayuntamiento de Cartagena ha abierto de un expediente a la empresa concesionara Lhicarsa por supuestas irregularidades en la prestación del servicio de limpieza y recogida de basuras. Así lo anunciaron este jueves la alcaldesa, Ana Belén Castejón, la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, y el teniente de alcalde, Manuel Padín, en una rueda de prensa urgente, previa a la aprobación del expediente en junta de gobierno. Por el momento, el Consistorio ha suspendido la aprobación de las cuentas y la compra de nueva maquinaria, y valora la opción de intervenir la empresa o resolver el contrato.

Según explicó la alcaldesa, el pasado mes de enero detectaron que FCC, socio moyoritario de Lhicarsa, está prestando servicios a otros clientes utilizando camiones del Ayuntamiento. La maquinaria municipal se ha utilizado, supuestamente, para trasladar basura a clientes de FCC Medio Ambiente. Estos residuos podrían superar las 9.000 toneladas y, según sospechan los inspectores muncipales, no han pagado las tasas correspondientes.

Las investigaciones también han permitido conocer que parte de los residuos trasladados a la planta de tratamiento son podas que pudieron entrar en el vertedero mientras FCC fue titular del contrato municipal de jardines, mientras otra parte de esos residuos procedería del contrato con el Polígono de Santa Ana de recogida de residuos. El polígono tiene su propio sistema de recogida y contrata con FCC la recogida y gestión de los residuos, pero esos residuos entraban presuntamente en el vertedero en vehículos de Lhicarsa y no pagaban tasas.

Castejón insistió en que uno de los principales compromisos de su Gobierno es el "de intensificar la vigilancia sobre las empresas concesionarias para mejorar el servicio a los ciudadanos, y el resultado está aquí". Y lanzó un nuevo dardo para el ex alcalde y líder de MC Cartagena, José López: "Otros hablaron mucho, pero no hicieron nada".

Después de las investigaciones elaboradas por los técnicos del Ayuntamiento, el Gobierno municipal suspendió el pasado mes de junio la aprobación de las cuentas de Lhicarsa. "No podíamos dar el visto bueno a las cuentas de la empresa sin antes aclarar todas estas circunstancias", manifestó la alcaldesa. Por otra parte, el Consistorio quiere lanzar un mensaje de tranquilidad para los trabajadores de la concesionaria Lhicarsa, y les aseguran que no se verán afectados por las decisiones que están tomando.

Además, se ha abierto un expediente por la Oficina de Gestión Tributaria, para reclamar a la empresa el ingreso de las tasas no abonadas y, finalmente, se ha decidido abrir el expediente por la gestión irregular del contrato de limpieza y recogida de basuras que aprueba hoy la Junta de Gobierno, en base a los informes técnicos y jurídicos derivados de la investigación, y con el fin de dar la oportunidad a la empresa de que aporte información y explique o contradiga las presuntas irregularidades. "En caso de que se confirmen incumplimientos de contrato, la medida más extrema sería resolver el contrato, pero hay otras fórmulas, como la intervención de la empresa", señala la alcaldesa. En cualquier caso, el Ayuntamiento da prioridad a garantizar el servicio de limpieza, pero subrayan que su objetivo "es que el dinero que pagan los cartageneros por tener una ciudad limpia se gaste en limpiar Cartagena".

Según los informes municipales, en noviembre de 2015 la empresa pidió al Ayuntamiento de Cartagena permiso para dar de baja los siete camiones que después de han visto haciendo servicios para otros contratos. Al menos desde esa fecha, presuntamente, se han podido estar usando de forma irregular, pero solo se ha podido comprobar desde enero de 2016 porque se conservan partes de trabajo desde esa fecha en los que se comprueba que esos vehículos ya no trabajaban en la recogida municipal, pero si entraban con residuos al vertedero.

La empresa, por su parte, ha reconocido que ha usado camiones del Ayuntamiento en otros contratos porque ya aviso en octubre de 2015, fecha en la que el entonces alcalde, José López, era concejal de Infraestructuras, que los quería dar de baja para el servicio al Ayuntamiento.