La Fiscalía Antidroga ha pedido que se revisen todos los casos del grupo antidroga de Cartagena desde 2016 a la actualidad. Lo hace a raíz de la investigación que se cierne sobre ocho agentes de esta unidad, imputados por el juez.

En la lista de delitos que, presuntamente, habrían cometido estos policías, según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, están falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, impedir la persecución de delitos y cohecho. Miembros de Asuntos Internos se desplazaron desde Madrid a Cartagena para interrogar a los agentes bajo sospecha, efectivos de una Comisaría de Cartagena, donde todavía pervive la sombra de lo que pasó en Cala Cortina, cuando cinco agentes se sentaron en el banquillo por la muerte de un vecino de Las 600, Diego Pérez. Un sexto agente supuestamente implicado falleció antes del juicio.

«Asuntos Internos no nos ve como compañeros», indican fuentes policiales.

"Lo que un chorizo diga"

La investigación que ahora cerca al grupo de estupefacientes se inicia cuando un traficante de Cartagena se planta en el cuartel de la Benemérita y cuenta que hay policías nacionales de la ciudad colaborando con los narcos. Del caso se informa a la autoridad judicial, y de esta investigación nacen dos líneas: la que se materializa en la macrooperación de la Benemérita del Día de la Región, con una treintena de garitos de la droga desmantelados y una veintena de detenidos; y la que pone en marcha Asuntos Internos.

Fuentes policiales mostraron su disgusto por que se inicie una investigación «por lo que un chorizo diga» y esperan que el asunto «quede en nada».

El problema principal está en el supuesto robo, en un registro, del teléfono de un narco por parte de un policía, que es el agente que llegó a ser arrestado y pasó una noche en los calabozos. Tras pasar a disposición judicial, quedó libre con cargos, al igual que sus siete compañeros.

Todos estos agentes se encuentran ahora apartados del servicio, confirman fuentes policiales. Mientras estén en esta situación, cobran el 70% de su sueldo y, en el caso de ser exonerados, se les abonaría el dinero atrasado.