La coalición de Podemos, IU y Equo en el Ayuntamiento ha presentado alegaciones para que se suspenda el Proyecto de Actuación y el Proyecto de Urbanización de la UA 5.2 del P.E.R.I. Isla Plana, cuya aprobación inicial fue aprobada el 29 de noviembre pasado por la Junta de Gobierno Local. La solicitud se fundamenta, según afirman, en que "el proyecto de actuación carece de un estudio obligatorio de evaluación de impacto ambiental, ya que el Plan General en que se fundamenta es el de 1987 y este no se encuentra actualizado a la Ley 13/2015 LOTURM y sus disposiciones".

Desde el grupo municipal recuerdan que este caso guarda semejanzas con el Plan Parcial El Vivero, otro proyecto de urbanización del litoral que ha obtenido el visto bueno del Gobierno y al que también han presentado alegaciones solicitando su inmediata paralización.

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha criticado que el Gobierno Local " se rasgue las vestiduras hablando de proteger el litoral del municipio y de poner en marcha una moratoria urbanística, cuando la realidad es que hacen todo lo contrario: siguen dando rienda suelta al ladrillo en nuestras costas, consolidando los intereses de los promotores inmobiliarios y contribuyendo por activa y por pasiva al deterioro de nuestro ya castigado y exhausto medio ambiente. Lamentablemente es nuestro grupo municipal, vecinos y colectivos, quienes debemos estar todo el tiempo frenando los ataques medioambientales que provienen directamente del dejar hacer de este Gobierno".

Marcos ha indicado que "el Gobierno tiene todas las herramientas legales a su alcance para paralizar, suspender e incluso rechazar este tipo de proyectos, lo que pasa es que sencillamente no quiere, porque gobierna para los mismos de siempre. Resulta realmente vergonzoso. Hacen todo lo contrario de lo que dicen, ya que, entre gallos y medianoche, con declaraciones de urgencia que no viene a cuento, siguen sumando presión urbanística a nuestras costas, como si no estuviéramos ya aleccionados con el Mar Menor".

Desde la coalición han finalizado explicando que la normativa regional y también la europea prevén figuras de protección, estudios de impacto ambiental y un modelo de desarrollo urbanístico que atiende expresamente "a la capacidad de carga de los ecosistemas, la gestión eficaz del medio ambiente y la aplicación del principio de cautela ante las necesidades de las generaciones actuales y futuras", es decir, "toda una serie de elementos que deben aplicarse justamente en la situación de emergencia que atraviesa el litoral de Cartagena".