Los funcionarios y trabajadores municipales volvieron ayer a llevar sus protestas por la suspensión del acuerdo de condiciones de trabajo a las calles de Cartagena. De nuevo, unas 300 personas, se concentraron en la calle San Miguel, frente al edificio administrativo, con silbatos y vuvuzelas, pero se trasladaron unos metros para cortar el tráfico en la vecina calle Jara.

Allí, Juan Jesús Moreno, portavoz del comité de crisis, se dirigió a sus compañeros para comunicarles que «la parte negociadora tiene que ser la alcaldesa Ana Belén Castejón porque fue ella la que firmó el acuerdo y la que lo retiró. No nos negamos a reunirnos con Esperanza Nieto, concejala de Hacienda. Nosotros queremos soluciones, vengan de la mano de quien vengan». El representante de los sindicatos también anunció que había recibido una llamada de Esperanza Nieto para decirle que el lunes se reunirá con ellos para trasladarles información, propuestas y soluciones para que las valoren.

Moreno insistía en que «negociación con Castejón, información con quien ellos quieran». Tras la manifestación, el portavoz del comité de crisis dijo que «agradecemos la llamada de Esperanza Nieto y estaremos allí el lunes cuando nos cite. Insistimos en que tenemos que tener los mismos derechos que teníamos hasta ahora y que los derechos se han de mantener. Que hay un acuerdo firmado y que hay que mantenerlo. Se puede hablar de la manera de hacerlo, se puede hablar de cómo. Las soluciones que nos traigan ellos bienvenidas sean. Todos los trabajadores nos vemos afectados y por eso cada vez somos más y se nos añaden más compañeros que no pudieron venir a la anterior protesta y que si han venido a esta».

Los sindicatos creen que puede haber un diálogo, que sí se puede llevar a cabo la negociación y que se pueden mantener los derechos. También están dispuestos a aportar soluciones. Las vías que ellos estudian son una mejor gestión o una mejor organización de los recursos del consistorio y entienden que para eso necesitarían más información. También recordaron que desde el principio de las protestas han procurado que los servicios a la ciudadanía no se vean mermados de ninguna forma.

Los funcionarios y trabajadores municipales mantienen por ahora el calendario de protestas establecido hace unas semanas en el que acordaron manifestarse todos los jueves en la calle San Miguel, pero sin descartar trasladarlas a otros lugares como el Palacio Consistorial. De hecho, estuvieron presentes en el pleno municipal celebrado en dicho lugar el pasado martes.

Representantes de los trabajadores acudieron como público y provocaron su expulsión del mismo al aplaudir, cosa que está prohibida. El Ayuntamiento ha mostrado su disponibilidad para dialogar y llegar a un pacto aunque recuerda que las arcas municipales podrían sufrir un déficit de 15 millones de euros si se aplicara el acuerdo de condiciones de trabajo tal y como fue pactado hace unos meses por la alcaldesa.