El encuentro que este jueves mantuvo la concejala de Hacienda, Esperanza Nieto, con los responsables de los sindicatos con represantación en la Mesa General de Negociación -SIME, CCOO, UGT y CSIF- no arrojó luz sobre el conflicto iniciado el pasado 30 de diciembre, cuando el Gobierno local anunció la supresión del Acuerdo de Condiciones de Trabajo (ACT), suscrito por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, en vísperas de las últimas elecciones municipales.

La eliminación de este documento,que recogía las condiciones de trabajo de los 1.400 empleados públicos del Ayuntamiento, se sumaba a otro «recorte de derechos», como lo definen los afectados: el derivado de la revocación del acuerdo de Régimen de Especial Dedicación (RED). Este acuerdo, que regulaba las horas extraordinarias de los 300 policías locales, bomberos y brigadas municipales, nació en 2017 para solucionar la falta de efectivos en los tres sectores profesionales.

En la reunión, celebrada a puerta cerrada en el edificio administrativo de San Miguel, la edil expuso los informes de la Intervención Municipal y del Servicio Económico que advierten de que mantener el ACT y las horas RED no es viable para las arcas municipales porque suponen un gasto que hace peligrar el equilibrio presupuestario ante el contexto de desaceleración económica que se avecina.

Fuentes sindicales aseguraron a LA OPINIÓN que esta situación no es culpa de los empleados, que «en todo momento se han dedicado a trabajar allí donde se les requería». «Es una desfachatez culparnos de algo que, en realidad, tiene que ver con la mala gestión del Gobierno municipal», manifestaron, tras explicar que el «agujero» económico no lo han provocado las horas RED o el Acuerdo de Condiciones, que «solo se aplicó durante un mes» porque iba consignado en el presupuesto municipal de 2019, aprobado en noviembre, sino «las sanciones millonarias a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento por determinadas gestiones urbanísticas».

Las secciones sindicales también reclamaron a Nieto que les hiciera llegar el informe económico preparado por los servicios municipales cuando el ACT se puso en marcha, el pasado abril. «Queremos saber qué dice ese documento, por qué ocho meses el acuerdo era viable y ahora no», señalaron los representantes de los trabajadores, algunos de ellos convencidos de que el aumento de horas RED en 2019 se debió a que fue un «año electoral».

Antes de entrar a la reunión, los sindicatos celebraron una asamblea abierta a todos los trabajadores municipales. En ella, el presidente del Comité de Crisis de los sindicatos, Juan Jesús Moreno, aseguró que la actuación del Gobierno local supone «un recorte unilateral» ejecutado «con nocturnidad y alevosía», y avisó de que desde las distintas secciones se van a llevar a cabo acciones de protesta de forma coordinada. Para Moreno, es «ruin y mezquino» que se supriman ciertos pluses incluidos en el ACT como la ayuda para trabajadores con hijos o cónyuges con discapacidad.

«No vamos a dar un paso atrás», insistió, tras informar de que los sindicatos no van a convocar sus elecciones «mientras no se solucione este conflicto». Algunos de los presentes mostró su descontento por la decisión adoptada desde el equipo de Gobierno denunciando que «ellos sí se suben el sueldo mientras a nosotros nos recortan».

Mientras no se retome el proceso de negociación entre ambas partes, los empleados públicos del Ayuntamiento se regirán por el acuerdo anterior.