El Gobierno local emplazó ayer a los cuatro sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación -SIME, CCOO, UGT y CSIF- a una reunión mañana para desatascar la situación generada tras la supresión del Acuerdo de Condiciones de Trabajo (ACT), que afecta a unos 1.300 empleados públicos municipales. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, hizo pública la suspensión cautelar de este convenio el pasado 30 de diciembre en una rueda de prensa en la que convocó a las secciones sindicales a un encuentro el 7 de enero para comenzar un nuevo proceso de negociación. Sin embargo, esta reunión no se produjo porque, según los representantes de los trabajadores, no se les notificó la hora de la misma con 48 horas de antelación como establece la normativa.

En un segundo intento, el Ayuntamiento fijó para este jueves una nueva reunión a la que asistirá la concejala de Hacienda, Esperanza Nieto. El objetivo del Consistorio, según avanzaron fuentes municipales a LA OPINIÓN, es mostrar a los empleados los informes de Intervención y de la Oficina Presupuestaria que advierten de que la reposición del ACT «supondría incumplimiento de los criterios de estabilidad», y poner encima de la mesa algunos de los puntos recogidos en este acuerdo, los de menor gasto, que podrían ser restablecidos.

Anuncian concentraciones

Los sindicatos, que han anunciado que asistirán al encuentro de mañana y que antes celebrarán una reunión con el resto de empleados que quieran sumarse, no están por la labor de aceptar todo lo que no suponga el restablecimiento del ACT en los términos en los que fue negociado y aprobado hace ocho meses. De hecho, ya han comenzado a estudiar posibles iniciativas para dejar clara su postura, que incluyen concentraciones y asistencia a actos públicos a los que vaya el equipo de Gobierno, como el que se celebrará en la Rambla del Cañar el próximo domingo.

También han alertado de los efectos que tiene sobre la seguridad la supresión del Régimen de Especial Dedicación (RED), que motivó la negativa de los policías locales a hacer horas extra. «Muchos barrios se están quedando desatendidos y servicios como el que ofrece la Unidad de Protección a las Víctimas no se están cubriendo con garantías».