Las 1.800 personas que residen en la diputación del Llano del Beal viven rodeadas de balsas abiertas que contienen manganeso, plomo, cadmio, zinc y arsénico, entre otros elementos. Se trata de depósitos que albergan 15 millones de metros cuadrados de residuos sin tratar procedentes de la actividad minera, que finalizó en la década de los años 80. Las balsas se encuentran «próximas» a algunas viviendas e incluso al colegio San Ginés de la Jara, en el que están matriculados más de 200 niños.
La «dejadez» de la Administración regional tras dos años de denuncias ha provocado que los vecinos, integrados en la Plataforma de Afectados por Metales Pesados, lleven a cabo iniciativas para reivindicar la descontaminación de los suelos. La última fue la de este miércoles y consistió en la colocación, por parte de varias personas ataviadas con monos blancos, de cruces con epitafios en los que se podía leer «Este suelo te mata» y «Mi hijo tiene plomo, no me pidan más tiempo». Junto a ellas, varios pares de zapatos de niños.
El presidente de la Plataforma, Juan Francisco Ortuño, ha apuntado que lo que ocurre en el Llano del Beal es «un desastre ambiental y una alarma sanitaria» para todos los residentes, especialmente para los más pequeños. Dos estudios diferentes -uno elaborado por facultativos de La Arrixaca y otro por el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid- demuestran que hay menores de la diputación que tienen más de cinco microgramos de plomo por litro de sangre, el límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estos casos. También resulta curioso que el índice de niños con necesidades especiales en los estudios supere el 20 por ciento en esa zona, cuando en el resto de la comarca se sitúa en el 4 por ciento. Algo muy similar ocurre con las enfermedades: «La tasa de cáncer en el Llano del Beal es mayor que en toda la Comunidad Autónoma», ha asegurado Ortuño.
Peor tras las lluvias
El portavoz de la Plataforma ha dicho que no entiende cómo el Gobierno regional «no hace nada al respecto». «Se escudan en que no se alcanzan los límites, pero se está llegando a eso. Además, hay pediatras que alertan de que cualquier nivel es perjudicial para la salud», ha apostillado Ortuño.
A su juicio, la solución pasa por obligar a la empresa propietaria de los terrenos a descontaminar los suelos. Si no quisiera, puede hacerlo la Administración de manera subsidiaria y pasarle el coste -unos 120 euros por tonelada- al titular o quedarse con ese espacio. «Pero para eso hace falta que el suelo sea declarado peligroso».
El representante de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados ha recordado que en épocas de lluvias, al carecer de sistemas de recogidas de pluviales, se producen arrastres de los residuos hacia el Mar Menor. «Vamos a presentar dos nuevas denuncias que se suman a las cuatro anteriores para exigir una actuación urgente ante esta barbaridad», ha sostenido Ortuño, quien ha adelantado también que el asunto se elevará al Defensor del Pueblo en España y Europa, para reclamar soluciones a todos los niveles.
