23 de agosto de 2019
23.08.2019

Los Urrutias

Los vecinos de Los Urrutias, escépticos ante las promesas del Gobierno

La asamblea, que ha durado cerca de cinco horas, ha acogido a más de 250 personas y a varios representantes de todas las formaciones políticas

23.08.2019 | 04:00
Una vecina interviene en la asamblea bajo la mirada de la alcaldesa, la vicealcaldesa y el resto de asistentes.

Se han vivido momentos de tensión por la incredulidad de los asistentes sobre los planes de las administraciones para las playas.

El local social de Los Urrutias se quedó pequeño este jueves para acoger a los más de 270 vecinos, según la Policía Local, que acudieron a la asamblea convocada por el Ayuntamiento a instancias de las asociaciones de la localidad con el objetivo de encontrar soluciones a un problema ya histórico: la degradación del Mar Menor.

Más de la mitad de los asistentes tuvieron que seguir el debate en la puerta del local, a través de una televisión. El encuentro estuvo presidido por la regidora de Cartagena, Ana Belén Castejón; la vicealcaldesa, Noelia Arroyo; el concejal de Ciudadanos Manuel Padín; la directora general de Medio Natural, Consuelo Rosauro, y responsables de las asociaciones vecinales. La silla reservada para el representante de la delegación del Gobierno se mantuvo en todo momento vacía.

Castejón comenzó su intervención reconociendo que las actuaciones para mejorar el entorno de Los Urrutias han sido insuficientes. Por eso, dijo, «ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos» y eso pasa, según la primera edil, por una cuestión fundamental: la unión de las administraciones públicas, con independencia del partido político que las gobierne. Uno a uno, los vecinos que quisieron intervenir lo hicieron. Bien desde sus sitios, bien en el escenario, expusieron la situación en que se encuentran las aguas tras «años de suciedad, fangos y vertidos».

Ambiente de crispación

Aunque hubo coincidencias entre los asistentes, algunos de los discursos levantaron ampollas. Este fue el caso del pronunciado por Elena Lledó, de la nueva directiva de la Asociación de Los Urrutias, que se centró en la necesidad de mejorar las instalaciones deportivas y las pasarelas en las playas. Este planteamiento no fue bien acogido por algunos de los asistentes que recordaron que «lo urgente aquí son las playas».

También se vivieron momentos de confrontación cuando hablaron representantes de partidos políticos como la propia alcaldesa o el diputado regional de Podemos Óscar Urralburu, que insistió en que el estado del mar es una «cuestión política» y fruto de la dejadez del Partido Popular.

Fuera del salón, los asistentes no se creían lo que estaban oyendo. La relación de compromisos anunciados por la regidora sonaron «a lo mismo de siempre». «Llevamos años escuchando esto, en mi caso 42. ¿Cómo quieren que me crea lo que dicen?», decía una de las presentes. «Todo son reuniones,comisiones, informes, estudios. ¿Dónde están los hechos?», se preguntaba otra, mostrando una sensación que es generalizada entre los vecinos, la de la dejadez de esta parte de Cartagena durante décadas.

No obstante, en el transcurso de la asamblea, conforme se iba vaciando el salón coincidiendo con la hora de comer y las propuestas ofrecidas estaban más pegadas al terreno, la sensación de nerviosismo disminuyó.


Medidas para atajar la «situación de emergencia»
 

Entre las actuaciones anunciadas por la regidora de Cartagena para hacer frente a la «situación de emergencia» que atraviesa el Mar Menor, ha destacado la puesta en marcha de un programa extraordinario y con carácter plurianual para impulsar actuaciones de mejora en los municipios ribereños. Este plan, según sus palabras, se verá reflejado en los presupuestos municipales de 2020 a través de una partida específica y contará con la participación de los colectivos vecinales.

Además, ha anunciado que se va a reforzar el Servicio de Litoral como interlocutor profesional entre administraciones, y que se creará una comisión de seguimiento que, teniendo como protagonistas a los vecinos, actúe de organismo de control y supervisión sobre el cumplimiento de «la palabra dada» por los gobiernos local, autonómico y central.

 
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