Ha quedado visto para sentencia. Dos agentes de la Policía Nacional se sentaban este jueves en el banquillo de la Sección 5º de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, procesados por un delito de falsedad en documento público. Se les acusa de 'colocar' droga a un ciudadano que nunca llegó a portarla. El fiscal pide para cada uno de los agentes una pena de seis años de prisión.

Los hechos que ahora se enjuician, según se lee en la calificación del Ministerio Público, tuvieron lugar allá por junio de 2014, en la ciudad portuaria. Cerca de la gasolinera de Los Mateos, los agentes interceptaron a un sujeto que llevaba encima dos porros de hachís y otros dos de marihuana.

«Los acusados, puestos de común acuerdo, no extendieron en el lugar al ciudadano denuncia por posesión de sustancias estupefacientes mediante la elaboración del acta correspondiente», tiene claro el fiscal, que añade que los agentes «actuaban con la finalidad de dividir la sustancia incautada para, posteriormente, atribuir su posesión a otro ciudadano y así elaborar una segunda acta de aprehensión». De esta manera, «siguiendo con dicho plan, comunicaron a la sala del 091 que habían extendido acta de aprehensión a un hombre, y nuevamente, sobre las 04.08 horas, los acusados comunicaron falsamente a la sala que habían extendido una segunda denuncia por posesión de sustancias estupefacientes aprehendidas a otra persona, incautación y denuncia que, no obstante, no se habían producido».

«Una vez en las dependencias policiales, los acusados extendieron una primera acta de intervención de sustancia tóxica, la cual era manifiestamente falaz, consignando haber incautado a un vecino en el bolsillo derecho del pantalón una sustancia vegetal de color verde que aparentaba ser marihuana, y que el denunciado rehusaba firmar dicha acta. Acto seguido, los acusados continuando con dicha mendaz actuación, extendieron una segunda acta de intervención también absolutamente falaz, consignando que habían incautado a otro hombre una roca marrón que pareciera ser hachís, expresando asimismo que el denunciado se negaba a firmar y rehusaba obtener copia; generando en ambos casos una apariencia de autenticidad, con el consiguiente riesgo para la seguridad jurídica», remarca la Fiscalía.

En la vista oral en la Audiencia, las defensas de ambos policías solicitaron que no se admitiesen como pruebas las escuchas, obtenidas con micros en un coche, gracias a las cuales salió a la luz este asunto. Y no solo este asunto: también se destapó el denominado 'caso Cala Cortina', que acabó con seis agentes detenidos por homicidio. Uno de esos agentes es J. L.S., que este jueves también se sentaba en el banquillo, acusado de falsedad documental.

Aquellos micrófonos en el coche fueron autorizados en su momento por un Juzgado de Cartagena, recordó el abogado defensor de J. L. S., José Antonio Prieto, que subrayó que, cuando él y su colega le insistieron en que se anulasen como pruebas estas escuchas, «los tres magistrados salieron a deliberar». Al regresar a la sala, «nos han adelantado qué van a fallar respecto a las escuchas», esto es, «que eran ilegales» al no tratarse de escuchas telefónicas. El Ministerio Público, no obstante, mantiene su petición de pena, aunque «cuando el fiscal preguntaba algo relacionado con las escuchas, el propio presidente le llamaba la atención», apuntó.