10 de abril de 2019
10.04.2019
La Opinión de Murcia

Denuncia

El Defensor del Pueblo reabre su investigación sobre la plaza del Lago por su "abandono"

Archivó una denuncia vecinal en 2017 ante la promesa municipal de llevar a cabo los arreglos, pero retoma el expediente porque no hay avances

09.04.2019 | 20:25
El Defensor del Pueblo reabre su investigación sobre la plaza del Lago por su "abandono"

La plaza de la Merced, conocida como El Lago, vuelve a los despachos del Defensor del Pueblo. El organismo estatal ha decidido reabrir su investigación sobre el estado de la glorieta y se volverá a dirigir al Ayuntamiento para solicitar la emisión de nueva información sobre los diversos incumplimientos de los deberes y obligaciones a lo largo de los años que ha cometido el Gobierno municipal (tanto el anterior como el actual) para conservar y administrar este simbólico espacio público del centro de Cartagena, tal y como han denunciado los vecinos en numerosas ocasiones.

De hecho, a finales del año pasado, los residentes de la zona apelaron al Defensor del Pueblo para que reabriese la investigación sobre la plaza. Y es que, el organismo estatal ya requirió información al Ayuntamiento sobre este asunto en 2017, aunque dio por finalizadas las actuaciones tras aceptar la palabra del Ayuntamiento de que se realizarían a corto plazo actuaciones en la fachada meridional de la Plaza y la puesta en marcha del diseño del proyecto integral de la glorieta junto con la realización de sondeos geotécnicos con finalidad arqueológica.

El portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Padín, quien lleva toda la legislatura reclamando los arreglos prometidos ya en la anterior época de Pilar Barreiro (PP) al frente del Consistorio, ha confirmado la reapertura de la investigación por parte del Defensor del Pueblo tras reunirse con los miembros de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo e Histórico.

En este sentido, el colectivo vecinal recordó también que el 29 de abril de 2017, el Gobierno local, conformado entonces por PSOE y MC, aseguró que se realizarían de manera inminente «sondeos de extracción para comprobar la presencia de la roca en el subsuelo, ya que, a pesar de las excavaciones arqueológicas, no se había llegado hasta el sustrato rocoso». Con esta acción el Ayuntamiento prometió avanzar en el proyecto para hacer posible la convivencia entre el patrimonio histórico y la plaza pública, «pero dos años después del anuncio y de la supuesta inminencia de los trabajos, todo continúa igual», precisó Padín.

«No entiendo tanta indiferencia y tanta miseria política; no es justo prometer una y otra vez a los vecinos que estás a punto de poner en valor un lugar emblemático del centro de Cartagena y faltar a tu palabra constantemente, ya son 40 años de vergüenza política en los que no se ha puesto ni una sola losa a diferencia de cientos de plazas y espacios en todo el término municipal», lamentó el portavoz de Ciudadanos. Además, consideró que al menos «el equipo de Gobierno tendría que haber tenido la educación y el decoro suficiente para informar del desarrollo de los trabajos y de las previsiones a los vecinos, de explicar por qué no puede o quiere cumplir las promesas; proponer mejoras puntuales en un entorno que se ha degradado mientras se espera la ansiada reforma integral».

«La recuperación de los tesoros arqueológicos es importante, necesario, deseable, pero mientras llega ese momento, los vecinos tienen derecho a transitar con seguridad y orgullo por un espacio histórico de convivencia ciudadana», dijo Padín, quien acusó a PP, PSOE y MC de «privar a nuestros hijos del disfrute de la Plaza del Lago y del Casco Antiguo». «No voy a permitir que se lo roben también a las próximas generaciones, y me comprometo en 2019 a caminar con paso firme donde otros han arrastrado los pies», proclamó Padín.

Por último, desde Ciudadanos recordaron que la negativa o negligencia de los responsables políticos en el envío del informe solicitado por el Defensor del Pueblo puede ser considerado como una «actitud hostil y entorpecedora», y que en ese caso el organismo estatal emprenderá la denuncia pública, la calificación negativa en su informe anual y remitirá la desobediencia a las Cortes Generales, en los términos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.

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