06 de abril de 2019
06.04.2019

Investigación

Posible fraude de ley al pedir la protección de la prisión

El procedimiento recoge que el Perpetuo Socorro pidió demoler el inmueble cuando este no estaba protegido

05.04.2019 | 21:19

La querella presentada por el Hospital Perpetuo Socorro, a la que se ha sumado el Ministerio Fiscal, contra la alcaldesa Ana Belén Castejón por un presunto delito de prevaricación administrativa, al demorar la concesión de la licencia para el derribo de la cárcel de San Antón, sigue adelante en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena y no en el 1, que asumió el caso en funciones de guardia.

La derivación a la nueva sala responde a la interpretación que hace la titular del Instrucción 1, que entiende que debe ser el juzgado que estuviera de guardia en la comisión del primer delito -de cuantos haya en un caso- el que asuma el procedimiento. En este sentido, la magistrada fija el 17 de febrero de 2017 como «fecha de comisión del hecho punible». Fue entonces cuando el área de Urbanismo del Ayuntamiento, gobernado entonces por MC y PSOE, remitió un oficio a la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad para que se procediera a la incoación del procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la antigua cárcel de San Antón.

El juzgado precisa en su auto de 1 de abril, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, que el Consistorio tomó esa decisión «a sabiendas de que la mercantil querellante había adquirido la prisión el 2 de febrero de 2017 y había solicitado ante el Ayuntamiento la solicitud de licencia de demolición o derribo en fecha 6 de febrero del mismo año».

La solicitud de incoación del procedimiento de declaración de BIC se produjo, según el querellante, «en fraude de ley y para evitar conceder la licencia de demolición de la cárcel».

Así, ahora será el juzgado de Instrucción 3 el que desarrolle la causa y dirima si existe ese fraude de ley. Y es que, según indicaron fuentes consultadas, cuando el Perpetuo Socorro pidió licencia, el Ayuntamiento debería haberla emitido en un plazo de tres meses, aunque no lo hizo. De hecho, las fuentes citadas sostienen que, sobre el papel, el propietario podría tirar todo el complejo porque se protegió después de solicitar la licencia de derribo, aunque desde el Hospital afirmaron que, en cualquier caso, su proyecto en la zona respetará las zonas protegidas.

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