06 de abril de 2019
06.04.2019
La Opinión de Murcia

Ayuntamiento

El juzgado niega las medidas cautelares de Castejón para evitar el derribo de la cárcel de San Antón

La Sala de lo Contencioso da diez días a la Dirección General de Bienes Culturales para que presente alegaciones a la resolución si lo considera oportuno, aunque el departamento regional ya autorizó las obras en enero

05.04.2019 | 21:19
El juzgado niega las medidas cautelares de Castejón para evitar el derribo de la cárcel de San Antón

La decisión final de los tribunales podría llegar en apenas dos semanas

Al Ayuntamiento se le acaban los argumentos para seguir frenando el derribo de la cárcel de San Antón. El último revés judicial ha llegado desde la Sala 2 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. En un auto, fechado el 22 de marzo, los magistrados rechazan las medidas cautelares urgentes solicitadas por el Consistorio en un procedimiento ordinario que fue aprobado por la Junta de Gobierno a finales del pasado mes de febrero.

La petición del Ejecutivo municipal buscaba paralizar la demolición de la cárcel -de aquellas zonas no protegidas-, una vez que el 9 de enero la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad dio luz verde al proyecto del Hospital Perpetuo Socorro, propietario del inmueble, para derribar la prisión y ampliar el centro sanitario.

En la argumentación de su decisión, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ recuerda que el recurso interpuesto por el Ayuntamiento fue «contra la desestimación por silencio del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de Bienes Culturales de 11 de abril de 2018, por la que se incoó el procedimiento para la declaración de la antigua prisión como Bien de Interés Cultural (BIC)», con el objetivo de que se incluyera en la protección el pabellón de reclusos, que quedó fuera de la resolución.

En el recurso, el Consistorio alegó que, con carácter urgente, se adoptara aquella medida cautelar basándose en que este último expediente de Bienes Culturales derivaba de otro anterior en el que sí que se incluyó el pabellón de reclusos. No obstante, según fuentes consultadas, la situación de ruina del inmueble ha provocado su salida del expediente. En este sentido, el abogado defensor del Perpetuo Socorro, Manuel Abadía, conocido por preimputar al expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel (PP), en el caso Novo Carthago durante su etapa de juez, recordó que hace ya 9 años el arquitecto Martín Lejarraga ordenó la clausura del pabellón durante el evento cultural 'Manifesta 8', debido al peligro de derrumbe del inmueble. Abadía apuntó que desde entonces, nada se ha hecho en el pabellón para solventar la situación.

Los magistrados afirman ahora en el auto que «para la adopción de la medida cautelar es requisito necesario que concurran circunstancias de especial urgencia», y entienden que no ocurre así ya que el propio Ayuntamiento no ha otorgado la licencia de derribo. De hecho, la Sala precisa que las medidas cautelares de urgencia solicitadas por el Gobierno local solo tendrían sentido si estuviera dictada la orden de demolición y fuera «inminente» la misma.

Además, el auto da un periodo de diez días -aún vigente- a la Dirección General de Bienes Culturales para que pueda formular alegaciones al recurso contencioso, si bien fuentes del departamento regional informaron ayer de que no las presentarán, ya que entienden que el proyecto del Perpetuo Socorro sigue al 100% las directrices de protección dadas por la Consejería y recogidas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado 16 de marzo, tras resolver todas las alegaciones presentadas al expediente.

Una vez acabado el plazo dado por la Sala de lo Contencioso Administrativo a Bienes Culturales, los magistrados deberán pronunciarse, finalmente, sobre si se adoptan o no las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento y ya denegadas en el auto.

Esto genera dos frentes. Por un lado, si la Sala entiende que se deben adoptar las medidas cautelares, el Consistorio no tendrá la obligación de conceder la licencia de derribo hasta que se resuelvan tales medidas. Por otro, si los magistrados rechazan finalmente el recurso municipal, el equipo de Gobierno tendrá que seguir el procedimiento y, por tanto, conceder la licencia. La resolución final podría llegar en apenas dos semanas.

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