26 de marzo de 2019
26.03.2019

Tribunales

Querella contra la alcaldesa de Cartagena por prevaricación

El abogado Manuel Abadía, en defensa del Perpetuo Socorro, pedirá hasta 15 años de inhabilitación para Castejón por no permitir el derribo de la cárcel de San Antón

26.03.2019 | 12:17
Garitas y muros de la cárcel de San Antón.

El derribo de la cárcel de San Antón ha llegado a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena tiene en sus manos la querella criminal que ha interpuesto el hospital Perpetuo Socorro contra la alcaldesa Ana Belén Castejón, quien tiene las competencias de Urbanismo, por un delito de prevaricación continuada al no conceder la licencia municipal para el derribo del antiguo presidio, propiedad del centro sanitario al ganarlo en subasta pública por 500.000 euros en enero de 2017.

El abogado que defiende los intereses del Perpetuo Socorro, Manuel Abadía, conocido por preimputar al expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, por Novo Carthago en su etapa de juez, recuerda que la propiedad del hospital solicitó licencia para el derribo de la cárcel de San Antón el 6 de febrero de 2017, cuando no había ninguna figura de protección sobre la prisión, por lo que el Ayuntamiento debía haber dado la licencia en un plazo de tres meses, y no fue así.

Además, Abadía precisa que la Comunidad Autónoma emitió posteriormente -a finales de marzo- un informe en el que catalogó como bien inventariado la cárcel, protegiendo el pabellón de acceso, las garitas y el muro, permitiendo abrir entradas para el acceso de los vehículos sanitarios. El Perpetuo presentó entonces un proyecto, firmado por el arquitecto Alfonso Molinos, en el que se actuaba sobre el resto de zonas del inmueble, pero no sobre las protegidas. Este proyecto recibió el visto bueno de la Dirección General de Bienes Culturales, al cumplir los requerimientos de protección, pero el Ayuntamiento siguió sin dar la licencia de obras para proceder al derribo, pese a que no recurrió la decisión del departamento regional.

A primeros de este año, el 9 de enero, según Abadía, la Comunidad notificó al Consistorio que debía dar el correspondiente permiso y dio un plazo de un mes al Gobierno municipal para recurrir tal decisión. Al no presentarla, el 9 de febrero debía haber permitido el derribo. Así se lo hizo saber el hospital Perpetuo Socorro, pero el Ayuntamiento no ha contestado al requerimiento.

Todo ello, tal y como se recoge en la querella de 70 folios a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN, podría suponer un delito de prevaricación continuada, al entender que el Ayuntamiento y la alcaldesa, como regidora, han hecho caso omiso a los requerimientos tanto del Perpetuo Socorro como de la Comunidad para otorgar la licencia de obras sobre la cárcel de San Antón. Según Abadía, la prevaricación continuada conlleva una pena de inhabilitación de 10 a 15 años y avanza que en su escrito de calificaciones previas pedirá la pena máxima para Castejón. Asimismo, el abogado señala que también reclamará la responsabilidad civil por los daños sufridos por su defendido, al no poder poner en marcha su proyecto en el antiguo presidio. Abadía recuerda que el hospital lleva dos años y dos meses esperando una licencia que debía haber obtenido en apenas tres meses. "No vamos a permitir que un funcionario o un cargo público se salga de las leyes", sentencia Abadía.

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