La defensa del Ayuntamiento a la querella criminal interpuesta por el Perpetuo Socorro contra la alcaldesa Ana Belén Castejón por una presunta prevaricación continuada al no conceder licencia de derribo sobre la cárcel de San Antón no se ha hecho esperar. De hecho, se ha adelantado a la propia querella, presentada este lunes y asumida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena. Y es que, los servicios jurídicos municipales presentaron el pasado jueves, día 21, una denuncia ante la Fiscalía por un posible delito de calumnias del gerente del hospital Perpetuo Socorro, José Hernández Mondejar.

Y es que, el Consistorio defiende su actuación en todo el proceso al entender que existe un recurso Contencioso-Administrativo, con fecha 1 de marzo de 2019, interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de un recurso de alzada con fecha 14 de mayo de 2018 contra la resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de 11 de abril de ese mismo año, por la que se incoa procedimiento para la declaración como bien inventariado de la antigua cárcel. La motivación del Gobierno local en aquel recurso de alzada era evidenciar dos informes contradictorios de Bienes Culturales: un primero, de marzo de 2017, que caducó sin entrar en vigor y en el que se protegía el pabellón de acceso, el de reclusos y las 5 garitas que rodean el muro; y un segundo, de abril de 2018, en el que se elimina la protección sobre el pabellón de reclusos.

Según la denuncia del Ayuntamiento, "no se explica el cambio de criterio de la Administración autonómica, que dejó caducar el primer procedimiento e incoó uno nuevo y sin resolver un recurso de alzada presentado por el Consistorio, autoriza las demoliciones de los pabellones".

La situación, según recoge el Ayuntamiento en su denuncia ante la Fiscalía, llevó a Herández Mondéjar a presentar un escrito el pasado día 14 de este mes en el que expresa "la ilegalidad manifiesta y continua del Ayuntamiento y de la contumacia de la alcaldesa en su actuación prevaricadora continuada omisiva de no conceder la licencia de demolición que es preceptiva y obligada según Ley", añadiendo además que Castejón "puede haber cometido (además del delito de prevaricación) un delito adicional de malversación de caudales públicos, pues está dilapidando el dinero para un acto ilegal", por poner en marcha el Contencioso.

Al entender el Ayuntamiento que ha actuado "conforme a la legalidad vigente" y que la alcaldesa "ni ha prevaricado ni ha malversado fondos públicos", ha recurrido a la Fiscalía para denunciar unas presuntas calumnias.