La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha transmitido al Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad la necesidad de seguir investigando un caso que se archivó. Esta decisión se produce tras aceptar de forma parcial un recurso formulado por el querellante, el hospital privado Perpetuo Socorro, que fue quien inició el procedimiento; y ahora tiene que abonar una fianza para continuar con el mismo. El asunto en cuestión concierne al aparcamiento exterior de una clínica de la competencia, el centro médico privado Virgen de la Caridad. Éste se sitúa en las confluencias de las calles Jorge Juan y Wsell de Guimbarda.

La querella sostiene que «el Virgen de la Caridad se encuentra en la actualidad, y desde hace tiempo, ocupando un bien de dominio público (parte de una calle), habiendo puesto los medios para que parezca y hacerse con su propiedad (inscripción en el registro de la adquisición con unos linderos que lo incorporan a una parcela que sí lo es); y que ha solicitado y obtenido autorizaciones urbanísticas municipales fundadas en esa ocupación». De hecho, la misma refleja que «un concejal había requerido y logrado antes de su cese evitar un primer intento de ocupación».

El Ministerio Fiscal se refiere a la conducta denunciada como «supuesta maquinación para apropiarse de un vial público». No obstante, la responsabilidad judicial de tres funcionarios municipales de Urbanismo ya ha prescrito, tras pasar diez años, según dictaminó el Juzgado. Por todo lo expuesto, la Audiencia insta al juzgado de Instrucción a que «continúe con las averiguaciones para ver si hay ocupación de un bien de dominio público».

Además de esto, el Perpetuo Socorro señala a este periódico que la clínica competidora «se benefició de terreno público para obtener mayor ratio de edificabilidad, al tener en cuenta parte de una parcela -que puede que no sea suya- cuando obtuvo licencia para ampliar la altura de su centro en dos plantas más». Esta obra se terminó el año pasado. El Virgen de la Caridad defiende que en 2010 compró a Repsol dos parcelas y que una de ellas concierne al terreno que el querellante considera que es público. Destaca así que los terrenos son suyos, que tiene todo inscrito en el Catastro y en el Registro de la Propiedad, y que la reciente ampliación de la clínica se hizo de forma «legal».