Los partidos de la oposición PP y Ciudadanos mostraron ayer su recelo por el acuerdo urbanístico suscrito este lunes por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón (PSOE), y el empresario Tomás Olivo, que construirá cerca de 1.700 viviendas en el sector Rambla, además de una zona de aparcamiento para mil vehículos y un gran parque público.

Los populares, a través del edil Francisco Espejo, que fue concejal de Urbanismo, señalaron que «el promotor ha corrido y Castejón detrás de él porque el convenio Plan Rambla de 1989 caducaba el 1 de octubre de 2019». El concejal de la oposición aseguró así que «el convenio firmado no es ni un avance ni una novedad. Olivo acepta por fin las correcciones que los técnicos municipales le impusieron hace 30 años».

Según Espejo, esto viene reflejado en un informe jurídico que la regidora no ha hecho público. «El informe dice que al convenio de la Rambla de 1989, que es el que está vigente, se le aplica la Ley del 2015 del Sector Público, que obliga a adaptar los convenios urbanísticos antes del 1 de octubre. Si se llega al 1 de octubre sin una negociación en marcha, el convenio quedaba anulado y Olivo tendría que haber empezado de cero y con un nuevo Plan General», sostiene el concejal del PP. Cabe destacar que en la actualidad Cartagena se rige por un plan urbano de 1987, tras tumbar el propio Olivo en los tribunales el que había vigente, que era de 2011.

Además, PP y Ciudadanos piden que se celebre una Junta de Portavoces «urgente» para que Castejón despeje las «dudas» sobre el sector donde edificará Olivo sus promociones de viviendas. Por su parte, Ciudadanos cree «irresponsable» que el Ayuntamiento no comparta con la Comunidad Autónoma el acuerdo suscrito con el empresario de Balsapintada para garantizar su ejecución. «El listado de proyectos que se han estancado y marchitado por la agotadora pugna política entre PP y PSOE es escandaloso y sin duda, una de las claves para entender por qué Cartagena no termina de despegar», sostiene el edil naranja Manuel Padín.