El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ve un posible delito de Repsol por las muertes por amianto de extrabajadores de la refinería de Cartagena. Así, el Ministerio Público ha interpuesto una denuncia contra la multinacional para que sea atendida por el Juzgado de Instrucción. Según el fiscal, existe un posible delito contra los derechos de los trabajadores, por imprudencia grave y otro por homicidio por imprudencia.
La Asociación de Enfermos por Amianto (Apena) transmitió recientemente los hechos a la Fiscalía. Denuncia que más de 8.000 trabajadores de la refinería y de los astilleros de Navantia estuvieron expuestos al amianto hasta la década de los 90. Así, constata que entre los años 2000 y 2015 se produjeron en Cartagena 169 muertes de mesotelioma, «un tipo de cáncer que solo es posible por el contacto con el amianto», recalca. Apena atribuye a Navantia un 80% de estas defunciones, mientras que el 20% restante se lo registra a exempleados de Repsol.
Cabe destacar que 44 de estos fallecimientos fueron mujeres. Sobre ello, Apena apunta que la afección de muchas de estas féminas se produjo por lavar la ropa de sus maridos, que trabajaban en la refinería o en los astilleros cartageneros. Ricardo Torregrosa, presidente de este colectivo de damnificados, sostiene que «el daño causado por el amianto entró directamente a nuestras casas sin enterarnos».
En cuanto a la situación actual de los extrabajadores de la planta industrial, Apena indica que Repsol ya ha indemnizado a las familias de seis exobreros que fallecieron. La compensación se produjo tras los distintos juicios celebrados entre los años 2012 y 2018. Cada una de las cantidades impuestas a la compañía por el Juzgado de lo Social 1 y 2 rondan los 100.000 euros. Si bien, la multinacional también ha ganado juicios contra antiguos empleados, todos ellos en el Juzgado de lo Social 3 de Cartagena. Algo que critica el portavoz de Apena: «Se han dictado sentencias inauditas. Jamás ha salido una empresa de este país absuelta en un juicio cuando el denunciante era un trabajador con una enfermedad laboral reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social».
Los fallecidos murieron por cáncer de pulmón o mesotelomia. Apena ha presentado a la Fiscalía toda la información médica de los afectados, así como las resoluciones judiciales. «Tras analizar esto, el Ministerio Público ha decidido que la Justicia analice la responsabilidad penal de Repsol», sostiene Torregrosa. La asociación tiene ahora información recabada de seis extrabajadores de la refinería que están vivos, con edades comprendidas entre 70 y 87 años. Todos ellos están ya jubilados y presentan dolencias benignas, principalmente asbestosis, placas pleurales y engrosamiento pleural. Esto se traduce en una reducción de la capacidad respiratoria, sostienen los afectados, que también reclaman más controles médicos para atajar los síntomas antes de que la enfermedad sea mortal.
