01 de febrero de 2019
01.02.2019
La Opinión de Murcia

Justicia

La Justicia cierra el caso Puerta Nueva al prescribir el delito de alzamiento de bienes

Asegura que los promotores desviaron con préstamos más de nueve millones de euros para evitar pagar al Ayuntamiento parte de los beneficios que obtuvieron con la venta de las casas que construyeron en el Barrio Universitario en pleno boom inmobiliario

31.01.2019 | 21:11
La Justicia cierra el caso Puerta Nueva al prescribir el delito de alzamiento de bienes

La sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha decidido archivar el caso Puerta Nueva. Esto ha sido debido a que «el delito de alzamiento de bienes, único que aprecian el Ministerio Fiscal y el Juzgado de Instrucción, ha prescrito», tras haber pasado siete años desde que se perpetró. Así, en un auto emitido el 22 de enero, la sala ha acordado estimar los recursos de apelación interpuestos por los directivos de la promotora ligada al exalcalde socialista José Antonio Alonso. Si bien, los procesados en la causa eran el hermano del expolítico investigado en la trama de corrupción Púnica, Agustín Alonso; así como el resto de directivos de la constructora que urbanizó el Barrio Universitario: Santiago López, Jesús Espelosín y Antonio José Lleó.

Según el escrito al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, el delito de alzamiento de bienes se habría consumado con los préstamos efectuados entre el 4 de julio de 2005 y el 13 de diciembre de 2007. En ese período de tiempo Puerta Nueva efectuó varios créditos a tres empresas socias: Mistral Inversiones, Medi Valencia y Sethome Construcción. Los préstamos no fueron devueltos; el importe total de los mismos supera ligeramente los nueve millones de euros.

Al no reintegrarse el dinero, el banco acabó embargando dos bloques de pisos -medio centenar de casas- en el Barrio Universitario, que, según los propios dirigentes de la empresa, suponían poco menos del 20% de todas las viviendas edificadas junto a la plaza del Lago, en pleno casco histórico de Cartagena. Para ellos, estas activos inmobiliarios «saldaban la deuda con la entidad financiera», por lo que consideran que no han cometido ningún delito, pese a que la Justicia dice lo contrario.

De hecho, el fiscal describió durante el proceso judicial el supuesto 'modus operandi': La empresa tenía que entregar cada año un 30% del incremento de los beneficios que obtuviera de la previsión inicial a la sociedad municipal Casco Antiguo. El importe que dejaron de ingresar las arcas públicas fue de dos millones de euros, según una estimación del juzgado. Para no hacer frente a este pago, los directivos de Puerta Nueva optaron por descapitalizar la empresa. Para ello, concedieron préstamos a otras mercantiles afines por un valor de poco más de nueve millones de euros. Con ello, determinó la Fiscalía, las ganancias se camuflaban para no tener que entregar parte de los beneficios a Casco Antiguo.

Puerta Nueva entró en concurso de acreedores en el año 2014. Continúa en fase de liquidación. La promotora se adjudicó un contrato público del Ayuntamiento para reurbanizar el Barrio Universitario en la década del 2000, siendo alcaldesa Pilar Barreiro (PP).

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