Un acuerdo extrajudicial alcanzado por el Ayuntamiento y la sociedad Técnica de Inversiones Gamma permitirá al Consistorio abonar la indemnización millonaria de un fallido plan urbanístico del PP en La Manga. Así lo acordó ayer la Junta de Gobierno local tras dar el visto bueno al pacto para cumplir la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo que obliga al Ayuntamiento a pagar unos 5,2 millones de euros por no ejecutarse el convenio urbanístico en El Vivero suscrito en 2005.

El acuerdo firmado en aquella fecha con la sociedad contemplaba la venta por parte del Consistorio del aprovechamiento urbanístico municipal del futuro Plan Parcial el Vivero de La Manga y compensaba con ello en parte la cantidad adeudada entonces por la compra de la antigua plaza de toros a esta misma empresa.

Tras la reunión de la Junta de Gobierno, el concejal de Hacienda, Manuel Mora, señaló que el acuerdo extrajudicial alcanzado ahora permitirá saldar la deuda más la mitad de los intereses generados desde el año 2016, año en que la sociedad reclamó el pago. El Consistorio pagará en seis años, a razón de unos 900.000 euros anuales, según indicó Mora.

El edil además culpó de esta sentencia judicial a los anteriores gobiernos del PP. «Es fruto de la herencia recibida y de las políticas urbanística erróneas de ejecutivos pasados, con las que se llegaba a acuerdos de aprovechamientos de suelo con empresas que luego no se podían llevar a efecto y que están lastrando el presupuesto municipal».

Y es que, el caso de El Vivero no es el primero que conlleva una indemnización millonaria por parte del Ayuntamiento a empresas por decisiones tomadas en gobiernos liderados por la exalcaldesa popular Pilar Barreiro. Así, son conocidos los fallos judiciales en los casos del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Azohía, donde el Consistorio está condenado a pagar 3,5 millones de euros por la enajenación del suelo; y en el Monte Sacro, con 1,5 millones en concepto de indemnizaciones por expropiaciones que se pagaron por debajo de lo normal.

El propio PSOE, ahora en el Gobierno local, ha reaccionado a este nuevo varapalo judicial en clave de partido. Así, su viceportavoz de la Ejecutiva local, Alejandra Gutiérrez, ha señalado que «los desmanes cometidos por el PP en sus dos décadas de gobierno no sólo han lastrado el desarrollo urbano de Cartagena, sino que además está siendo una herencia insoportable para el bolsillo de todos los cartageneros». De hecho, Gutiérrez ha indicado que los ciudadanos «han pagado y, por desgracia, van a seguir pagando» estas políticas urbanísticas.

Un listado de los convenios

En esta situación, los partidos de la oposición también han avanzado en iniciativas para conocer el caso y otros posibles en el próximo pleno. De esta forma, desde Ciudadanos anunciaron ayer que preguntarán en la sesión plenaria por todos los convenios urbanísticos firmados por el PP desde 1995 en el municipio. «Sabemos que estos convenios se han realizado en Los Nietos, Islas Menores, Los Belones, Playa Paraíso y San Ginés de la Jara, en La Azohía y El Mojón, Los Barreros, Los Dolores o Santa Lucía, entre otros, y si el PP ha actuado mal en todos ellos, es para echarse a temblar», señaló el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín.

Ciudadanos pidió también «la convocatoria urgente de la Comisión de Urbanismo para analizar el plan del Ayuntamiento frente a todas las condenas por actuaciones urbanísticas erróneas».

También desde Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos) fueron críticos con el PP y el actual Gobierno. Y es que, según afirmó su portavoz en el Ayuntamiento, Pilar Marcos, los cartageneros pagarán «durante décadas» las consecuencias «de la corrupción urbanística y la ineptitud». Marcos señaló que no pedir responsabilidades a quienes trajeron esta situación «es inconcebible en cualquier Estado democrático». También, según la portavoz de la formación morada que, tras los sucesivos reveses judiciales, «el propio Gobierno no haya destituido a ni un solo alto funcionario ni haya llevado a los tribunales la pésima gestión de los políticos, que es lo que haría cualquier Gobierno decente preocupado en el interés general».