El Gobierno municipal de Cartagena está acabando la legislatura disminuyendo el gasto en los principales servicios públicos, sobre todo las partidas de vivienda, medio ambiente y turismo, probablemente por los problemas políticos que está teniendo la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y su gobierno en minoría desde 2017. Así se desprende de un informe elaborado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en el que se analiza la evolución de las cuentas municipales entre los años 2010 y 2018 para 21 ciudades españolas en base a cifras oficiales.

Según este análisis realizado por OSUR, los principales gastos presupuestarios del Ayuntamiento de Cartagena son actualmente el bienestar comunitario, que engloba alcantarillado, abastecimiento de agua potable, recogida, gestión y tratamiento de residuos, limpieza viaria, cementerios y servicios funerarios, alumbrado público y protección al medio ambiente (211,06 euros por habitante); seguridad y orden público (71,61 euros por habitante) y educación (64,60 euros por habitante en 2018).

No obstante, el informe revela que el gasto en vivienda y urbanismo ha sufrido una caída en 2018 del 40% respecto a lo poco que se aportaba en 2017. Además, el Gobierno municipal también ha rebajado ligeramente el gasto en medio ambiente, según informaron fuentes de OSUR en un comunicado.

Por otro lado, el documento muestra cómo el gasto en bienestar comunitario, que abarca la mayoría de la inversión, no ha acompañado la subida de la media nacional desde el 2016 (244,05 euros por habitante, cantidad que ya dedicaba la ciudad en 2011 y que se redujo después por la crisis) y se ha quedado estancado en los 211 euros por habitante durante todo el mandato.

En materia de seguridad, el gasto también ha ido decreciendo pasando de invertir 74,68 euros por habitante en 2016 a los 71,61 euros este año. También en turismo, pero sobre todo en deporte la tendencia a sido a la baja durante toda la legislatura y particularmente en el 2018.

Fruto de la inestabilidad

Para el director general de OSUR, Ramiro Aurín, «los gobiernos municipales con conflictos internos o fruto de alianzas inestables no permiten la adecuada gestión de los servicios públicos, sobre todo los de gestión directa, más sensibles a la inestabilidad política». En este sentido, el responsable del Observatorio de Servicios Urbanos añadió que «Cartagena es un buen ejemplo de cómo los populismos de todos los colores no son socios fiables para los gobiernos municipales».