La descontaminación de la Sierra Minera sigue su ritmo. De acuerdo con las reclamaciones de los vecinos de la zona y de la comunidad científica, la Comunidad Autónoma ha empezado a hacer análisis en aquellas zonas próximas a núcleos urbanos para elaborar un programa de actuaciones prioritarias en la Sierra Minera. Se trata de identificar aquellas áreas en las que es necesario evitar el movimiento de material por la erosión eólica, una medida que se incluye en el Plan para la Restauración Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería (PRASAM).

Esta problemática ha sido abordada en los últimos meses desde la Asamblea Regional, concretamente a partir del mes de septiembre, cuando se constituyó una ponencia para determinar las medidas de descontaminación y recabar información de científicos, técnicos y portavoces vecinales.

La Plataforma de Afectados por los Metales, constituida en hace un año para defender los intereses de los ciudadanos de esa zona, se ha reunido varias veces con el director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, que apunta que el Gobierno regional quiere «intensificar el contacto y la colaboración con todas las administraciones, colectivos, agentes y actores sociales que tienen algo que aportar en el proceso de recuperación de esta zona para conocer de primera mano sus inquietudes y mantenerles informados de las actuaciones que se deben llevar a cabo».

Por su parte, los expertos apuntaron recientemente que el plan actual para regenerar la Sierra Minera es insuficiente, y que es necesario elaborar uno más ambicioso. Cabe recordar que es un plan para diez años que costará unos 85 millones de euros.

Antonio Luengo señala que todas las actuaciones que se lleven a cabo se regirán «por el criterio científico de técnicos y expertos y por el principio de quien contamina paga».

Para los vecinos la Asociación Santa Bárbara de Llano del Beal, es fundamental la reforestación de la zona para minimizar los posibles riesgos, y solicitaron acciones de cubrición y revegetación en el entorno de los núcleos urbanos, con el objetivo de impedir la erosión y el arrastre de partículas y otros elementos.

Los afectados también reclaman que se señalicen adecuadamente las zonas con mayor riesgo potencial. Según la Comunidad Autónoma, esta actuación la tienen que llevar a cabo los propietarios de los terrenos, y creen que es necesario «fomentar las actuaciones voluntarias por parte de estos». El Gobierno regional también apunta que, para las actuaciones más urgentes, tendrán la colaboración de otras administraciones estatales como la Confederación Hidrográfica del Segura, «en el caso de que las acciones que se identifiquen como prioritarias se encuentren en dominio público hidráulico».