07 de diciembre de 2018
07.12.2018

ADELA

La Azohía espera a la alcaldesa

La asociación para la defensa del entorno natural pide al Gobierno local que negocie con Solvia la adquisición del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil para construir un centro de usos múltiples una vez que la entidad ha embargado los terrenos

06.12.2018 | 18:12
Estado actual de la parcela donde se ubicaba el antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía.

Más de medio año esperando a la alcaldesa. Es lo que lleva la Asociación en Defensa del Entorno natural de La Azohía (ADELA) pendiente del teléfono y el correo electrónico para formalizar una cita con la regidora Ana Belén Castejón y analizar la situación actual del solar en el que se ubicada el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la localidad costera.

Y es que, según indican desde el colectivo, la inmobiliaria del Grupo Sabadell, Solvia, habría embargado los terrenos a los propietarios, dos empresas que proyectaron una gran urbanización en la zona y que finalmente no se ha llevado a cabo. En este nuevo escenario, desde ADELA sostienen que el Ayuntamiento puede negociar con la entidad la adquisición del solar, «antes de que salga a subasta», para poder destinarlo a un centro de usos múltiples, como reclaman los colectivos de la localidad costera; o incluso en su defecto a un edificio dotacional que sirva como centro de interpretación de la zona, donde se encuentra la recién nombrada reserva marina de Cabo Tiñoso.

Es por ello que el colectivo reclama desde abril una reunión con la alcaldesa para explicarle la situación y la importancia de sus peticiones, ya que las asociaciones de La Azohía apenas disponen de espacio para celebrar sus actos y asambleas. No obstante, desde ADELA señalan que aún no han concretado una cita con la regidora, pese a que en mayo les llegó un comunicado de Alcaldía en el que se informaba al colectivo de que estaban «a la espera de poder fijar la reunión que nos solicitan en la agenda de la alcaldesa». «Nos pondremos en contacto con ustedes en cuanto nos sea posible». Desde entonces, según la asociación, ninguna noticia más.

«No sabemos ya a quien recurrir», lamentan, y recuerdan que ADELA se creó en 2004 «con el objetivo principal de rescatar la parcela del Cuartel de la especulación urbanística». Asimismo, explican que después de un contencioso administrativo en 2007 contra el Ayuntamiento en el que fue estimada su reclamación «para clasificar la parcela como equipamiento público», llevan once concentraciones anuales ininterrumpidas manteniendo como bandera «conseguir un edificio dotacional en el solar». También exponen que se trata de la primera vez que la asociación pide una audiencia con la Alcaldía municipal, con el fin de «explicar la urgente necesidad de abordar este asunto».

«Ahora tenemos un nuevo interlocutor con el que llegar a algún tipo de acuerdo respecto a la propiedad de la parcela, sobre todo cuando la inmobiliaria que ha embargado la parcela es 'socia' del propio Ayuntamiento en diversos desarrollos urbanísticos del municipio», señala un portavoz de ADELA. «La alcaldesa no puede perder tiempo y resulta urgente la negociación antes de que decidan limpiar sus activos inmobiliarios», añade.

Sobre las actuaciones que se pueden llevar a cabo en el solar en caso de prosperar su propuesta, desde la asociación recuerdan que existe un proyecto que ya se presentó en su día a los fondos puestos en marcha por el Gobierno central en época del presidente José Luis Rodríguez Zapatero bajo el nombre de Plan E, aunque no consiguió salir elegido y quedó guardado en un cajón.

Aquella idea proponía un edificio con línea marítima, sostenible y con características para ser un inmueble emblemático en la zona oeste del municipio, según el colectivo, que cifra el proyecto en unos 250.000 euros. «Sería como seguir los pasos que se dieron en Isla Plana, donde se utilizó el antiguo cuartel de la Guardia Civil en la localidad para rehabilitarlo como sede vecinal y local para actividades de los residentes», señalan.

Contencioso al margen

Sobre los problemas jurídicos que ha tenido la parcela, sobre la que pesa una reclamación de los antiguos propietarios contra el Ayuntamiento dirimida ya en instancias regionales y que condena al Ejecutivo municipal a indemnizar a las compañías con 3,5 millones de euros por modificar la calificación del suelo de forma irregular, en ADELA lo tiene claro: «Se trata de un problema que en nada interfiere a nuestra reclamación, ya que ahora, la propiedad ha pasado a la entidad financiera». Por ello, insisten en la reunión con el Gobierno local para tratar de desbloquear la situación.

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