Una prueba piloto que puede acabar «en chapuza». Así calificó ayer Ciudadanos la puesta en marcha de los dos puntos municipales de recarga de vehículos eléctricos, en la plaza Puertas de San José y el Paseo Alfonso XIII, tras «un retraso de 18 meses».

Así, el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, consideró «un disparate» que no se permita cargar a los vehículos que están a nombre de una sociedad o empresa y también consideró «inviable» obligar a cualquier visitante que llegue a la ciudad con un coche eléctrico a pasar por este laborioso proceso de registro y validación.

Si nadie lo remedia, indicó Padín, «en unos pocos meses el Ayuntamiento retirará el servicio por falta de demanda y el único culpable habrá sido el responsable político». Asimismo, el portavoz naranja criticó que esta «prueba piloto» hasta marzo de 2019 (cuando se evaluará la continuidad del servicio) está «mal diseñada» y no apuesta «de verdad» por este transporte. «Debemos implantar una red atractiva, sencilla, rentable, y gratuita durante los primeros años, y aguantarla en condiciones hasta generar demanda», afirmó Padín.

Asimismo, desde Ciudadanos recordaron que el pleno aprobó en 2017 una moción suya que reclamaba, además de los puntos de recarga, modificar algunas de las ordenanzas municipales para que los edificios de nueva construcción dispongan de la infraestructura necesaria para posibilitar la recarga de las baterías de los coches eléctricos. También, que se alcancen en este sentido acuerdos con estaciones de servicio y estacionamientos privados y que se permita el estacionamiento gratuito de la zonas de aparcamiento regulado a todos los vehículos con tarjeta de cero emisiones.

Por su parte, desde MC Cartagena recordaron que el proyecto para dotar a la ciudad de estaciones de recarga de vehículos eléctricos responde al plan ideado por los cartageneristas bajo el nombre M17 a finales de 2016. Asimismo, añadieron que el objetivo era instalar tres puntos más este año (cinco en total), aunque criticaron que no se haya instalado ninguno en 2018 y se haya tardado once meses en ponerlos en marcha.