La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Cartagena contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso que anulaba la primera rebaja de la tarifa del agua. Esta fue acordada por el Gobierno municipal con la concesionaria Hidrogea y se aprobó por la Junta de Gobierno Local el 29 de diciembre. La Justicia considera que se incumplieron los procedimientos para convocar y notificar su celebración, y que se vulneraron los derechos fundamentales de los concejales de MC Cartagena, al impedirles el fácil acceso a la información previo al visto bueno del acuerdo.

La Junta en cuestión estuvo presidida por la alcaldesa Ana Belén Castejón (PSOE). MC pide su dimisión o que los dirigentes socialistas la cesen del cargo. El líder de la formación cartagenerista, el exalcalde José López, considera que la regidora es una «corrupta» y una «inepta». Por ello, tiende la mano al resto de partidos para que le apoyen en una hipotética moción de censura, con el fin de relevar él a Castejón al frente del Consistorio los seis meses que quedan de legislatura. Algo que, a priori, es muy complicado que suceda. Para lograrlo, López deja abierta la posibilidad de que el futuro Gobierno esté integrado por ediles de las formaciones que le brinden su apoyo.

La sentencia del TSJ condena al Ayuntamiento en costas y deja abierta la posibilidad de que el Consistorio presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Gobierno local dijo ayer que iba a recurrirla. Según MC, esto va a suponer más gastos en costas para la Administración local. «Ha hecho perder más de 10.000 euros a las arcas públicas. Queremos que Castejón asuma este dinero de su bolsillo, porque se ha empeñado en seguir recurriendo una situación a la que la han condenado por una decisión política suya», destaca el presidente de MC, Jesús Giménez.

Castejón mantiene el descuento

Pese a este varapalo judicial que determina que el Gobierno local incumplió la Constitución a la hora de tramitar la aprobación de la rebaja, el Ejecutivo liderado por Castejón defiende que el fallo no afecta en absoluto a la bajada de la tarifa. En concreto, expone que la sentencia hace alusión a la Junta del 29 de diciembre y que la rebaja que se aprobó en la misma no entró en vigor; «por lo no se desprende ninguna imputación ni responsabilidad». De igual forma, cuenta que la rebaja se aprobó más tarde, el 19 de febrero, en una Junta en la que se hizo una subsanación y consiguiente convalidación del acuerdo en el que se incumplieron los derechos fundamentales de los ediles de MC.

Por su parte, la formación cartagenerista considera que, tal y como se recoge en la primera sentencia que ahora ha sido «ratificada» por el TSJ, tiene que hacerse una nueva revisión tarifaria como algo nuevo e independiente, sin ser válida la subsanación que se hizo el 19 de febrero.