La empresa propietaria de la Isla del Ciervo, ubicada en el Mar Menor, no tiene derecho a percibir los 28,5 millones de euros que reclamó al haberse cambiado la calificación de la misma y pasar a convertirse en zona de protección especial y, por tanto, no urbanizable.

Ésa es la conclusión a la que se llega en el informe que el Consejo Jurídico de la Región (CJRM) ha emitido a instancias de la Comunidad Autónoma tras la presentación de la demanda, en la que se reclamaba aquella suma en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración.

El dictamen señala que la defensa de la empresa propietaria de la isla presentó un escrito en septiembre de 2016 en el que se alegó que tenía derecho a dicha indemnización por los daños y perjuicios provocado por la prohibición de beneficiarse de los aprovechamientos urbanísticos de la misma.

Además, expuso en la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada contra la administración regional que dicho espacio de terreno insular era urbanizable en su origen, y, por tanto, edificable, de acuerdo con las previsiones que se contenían en el Plan de Ordenación del Centro de Interés Turístico Nacional 'Hacienda de La Manga de Cartagena', que fue aprobado por decreto de julio de 1966. La reclamación señalaba que la isla pasó a estar calificada en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena de 1987 como terreno no urbanizable por razones «de protección y mejora del paisaje».

Para la sociedad reclamante, "procede la estimación de la acción de resarcimiento porque la empresa propietaria patrimonializó o consolidó los derechos urbanísticos correspondientes con ocasión de la aprobación del Plan de 1966, en el que se le adjudicó un aprovechamiento urbanístico concreto".

Ahora, el CJRM señala que «desde un punto de vista legal, la pérdida del aprovechamiento urbanístico de la isla se produjo con la aprobación de la ley de 1999, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región, que la incluyó en su anexo en la categoría de paisaje protegido». Y añade que «en ese mismo sentido, los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de julio de 2000 y marzo de 2011 la incluyeron dentro del ámbito de protección de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)».