La Asamblea Regional abrió ayer la puerta a la aprobación de las normas transitorias que deben regir los proyectos urbanísticos de Cartagena mientras se elabora un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Fue a través de una enmienda parcial presentada ayer por PP y Ciudadanos a la Proposición de Ley de Aceleración Empresarial, que permite concretar la aplicación de las normas transitorias, y de esta manera impulsar una serie de actuaciones urbanísticas actualmente paralizadas.

«Hemos puesto una solución donde antes había un gran problema», dijo el diputado popular Domingo Segado, quien especificó que con la enmienda aprobada «será posible el desarrollo de aquellas actuaciones en suelo urbano y urbanizable, ya transformado, lo que afecta a un buen número de proyectos que están parados».

Y es que, el principal problema que tenían las normas transitorias, aún pendientes de aprobación, es que recogen zonas del municipio cuyo suelo no tiene catalogación de urbano, urbanizable que haya iniciado el proceso urbanizatorio o núcleo rural -los tres supuestos recogidos en la enmienda-, por lo que para llevar a cabo cualquier proyecto haría falta un nuevo informe ambiental, lo que debería incluirse en un Plan Urbano y no en las normas transitorias.

Asimismo, como justificación, el texto de la enmienda indica que «estas normas tienen por finalidad llevar a cabo aquellos ajustes mínimos necesarios en el planeamiento suspendido para evitar que la parálisis en el planteamiento urbanístico general afecte de manera grave a la economía municipal y regional».

Por ello, Segado lamentó que el PSOE votara en contra de la enmienda en la Asamblea. «No es de recibo y un ejercicio de cinismo político que la alcaldesa Ana Belén Castejón cada vez que el presidente regional Fernando López Miras viene a Cartagena le pide que apruebe las normas transitorias y cuando el PP trae a la Asamblea la solución, el grupo socialista vota en contra».

El diputado autonómico del PP afirmó que la aprobación de la enmienda que se incorpora al texto de la Ley de Aceleración Empresarial, dota de un marco legal y de seguridad jurídica al desarrollo de las normas transitorias, «una demanda de los colectivos empresariales y económicos del municipio», añadió.